Hablar de la reforma al Poder Judicial de la Federación exige honestidad. Porque detrás de cada juzgado y cada sentencia hay personas que esperan ser escuchadas, que llegan con miedo, dolor, incertidumbre y confían en encontrar justicia.

A un año de la toma de protesta de quienes hoy somos los primeros jueces y magistrados electos, no sería serio afirmar que todos los problemas están resueltos; tampoco sería justo decir que nada ha cambiado. Una transformación de esta dimensión debe juzgarse por sus resultados y por la forma en que mejora la vida de quienes acuden a un tribunal.

Uno de los cambios está en la administración de los recursos públicos. El Poder Judicial destina nueve de cada diez pesos de su presupuesto a nómina. Por eso, implementar políticas de austeridad exige responsabilidad y disciplina. En 2026, el PJF opera con alrededor de 70 mil millones de pesos, el mismo monto autorizado por la Cámara de Diputados para el último año del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Cada peso público proviene del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos; administrarlo bien es una obligación ética.

La austeridad no debe significar precariedad, se debe eliminar privilegios y dirigir los recursos donde hacen falta. La austeridad no significa quitar derechos a quienes trabajan en el Poder Judicial. Para entenderlo mejor: los niveles 2 al 11 corresponden a los puestos de mayor jerarquía y responsabilidad; los niveles 12 al 34 comprenden al personal de confianza y sindicalizado que sostiene gran parte del trabajo cotidiano de los tribunales. Se ajustaron las remuneraciones de los puestos superiores y hoy nadie, de ministros para abajo, gana más que la Presidenta de la República. Al mismo tiempo, se respetaron los salarios y prestaciones de las personas trabajadoras que hacen posible que los tribunales funcionen todos los días.

Hablamos de más de 50 mil servidoras y servidores públicos y trabajadores en los cuatro órganos jurisdiccionales del nuevo PJF. La transformación institucional también debe respetar a quienes todos los días hacen posible que los tribunales funcionen.

Otro reto es el rezago. Los juzgadores han mejorado su productividad y recientemente la mayoría adoptó un acuerdo del Pleno del Órgano de Administración Judicial para abatir el rezago heredado de expedientes. Pero ojo un expediente penal nunca es solamente un número: detrás hay una víctima que espera justicia, una persona imputada con derecho a un proceso sin dilaciones y familias que necesitan certeza.

Medir resultados es necesario; convertir los juzgados en fábricas de sentencias, no. La verdadera productividad exige resolver oportunamente sin sacrificar la calidad de las decisiones, ni olvidar en todo momento el respeto a los derechos humanos, recordemos que una justicia que llega tarde puede ser injusticia.

También está cambiando nuestra relación con la sociedad. Actualmente la mayoría de los juzgadores recibimos a las partes interesadas y a ciudadanos que buscan conocer y entender cómo funciona la justicia. Las puertas deben permanecer abiertas, inclusive me atrevería a decir que es necesario, llevar la justicia a territorio es decir a las calles, universidades, comunidades y colonias. A cualquier foro que pueda ayudar a la gente a comprender que fue y que la reforma judicial , que función tenemos como juzgadores y como pueden defender su derechos, entre otros.

Soy una jueza electa y lo digo con orgullo, pero también con plena conciencia de lo que significa. La elección directa sí cambió la forma en que las personas juzgadoras nos relacionamos con la sociedad. El voto, sin embargo, no sustituye la preparación jurídica, ni determina el sentido de una sentencia. Nuestra obligación es juzgar con independencia e imparcialidad, conforme a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los derechos humanos, incluso cuando una decisión no sea popular. O no se logre comprender a simple vista por la mayoría.

El voto nos dio una responsabilidad frente al pueblo; el Estado constitucional nos impone límites frente a cualquier forma de poder.

Acercar la justicia también significa explicar los derechos y hacerlos comprensibles. Una persona que conoce sus derechos tiene más herramientas para defenderlos, esta justicia debe ser intercultural e incluyente: nadie debe quedar lejos de ella por su lengua, origen, condición económica o lugar donde vive.

Falta mucho, pero queremos trabajar para mejorar cada día. Sabemos que  tenemos que fortalecer la preparación y la carrera judicial, evaluar con rigor, reducir tiempos, combatir la corrupción y preservar la independencia judicial. Reconocer lo que funciona y corregir lo que no, también es parte de transformar la impartición de justicia.

Ya que como jueza, mi obligación no es defender una reforma ciegamente. Es reconocer sus aciertos, señalar sus pendientes y trabajar para mejorarla. Juzgar significa estudiar, escuchar, decidir con independencia y respetar los derechos humanos. La ley no es una herramienta de poder: es el límite del poder.

Debemos eliminar los privilegios y recuperar los ideales que deben guiar nuestra función: justicia, honestidad, defensa de quien se encuentra en mayor vulnerabilidad y transparencia. Esos son los jueces y magistrados que México merece y debe tener.

Amo a mi país y por eso no creo que México necesite instituciones perfectas, necesita instituciones honestas, responsables y capaces de reconocer sus errores para corregirlos. Ya que quienes fuimos electos tenemos una responsabilidad mayor: demostrar con nuestro trabajo que la confianza recibida, es un compromiso que debemos honrar todos los días.

La transformación judicial no se demuestra en los discursos. Se demuestra en cada expediente, audiencia y sentencia; en la víctima que encuentra respuesta, en quien no tiene recursos y logra ser escuchado, en quien llega hablando otra lengua y encuentra comprensión, y en la persona imputada cuyos derechos son respetados.

Porque una reforma no cambia la justicia por sí sola. La cambian quienes tienen la responsabilidad de impartirla. Y ahí, frente a quien espera justicia, es donde debemos demostrar que estamos construyendo el Poder Judicial que México merece: sin privilegios, con independencia, con honestidad y con las puertas abiertas para todos.