La propuesta de Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República o por una gubernatura ha provocado, como era previsible, una tormenta política. Ya aparecieron quienes hablan de discriminación, de restricciones a los derechos políticos y hasta de una supuesta persecución contra los mexicanos que también tienen otra nacionalidad.

Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de repetir esos argumentos: ¿por qué tendría que ser controversial exigir una sola nacionalidad para quien aspire a dirigir un Estado?

La presidenta Sheinbaum planteó esta posibilidad después de referirse, entre otros asuntos, al caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. La propuesta todavía tendría que convertirse en una iniciativa y pasar por el proceso legislativo correspondiente; es decir, no estamos hablando de una prohibición vigente, sino de una reforma constitucional que está siendo analizada.

Y aquí conviene separar dos cosas: tener doble nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en traidora ni significa que responderá a intereses extranjeros. Sería absurdo afirmar eso. Millones de mexicanos tienen otra nacionalidad por razones familiares, migratorias o de nacimiento y siguen teniendo un profundo vínculo con México. Pero una cosa es tener doble nacionalidad y otra muy distinta es aspirar a ejercer el máximo poder político de la nación.

La Presidencia de México no es cualquier cargo. Quien ocupa ese puesto toma decisiones sobre seguridad nacional, política exterior, relaciones comerciales, migración, energía y defensa de los intereses mexicanos frente a otras potencias. Por eso resulta legítimo preguntarnos si quien gobierna debe tener una vinculación jurídica y política exclusiva con México.

Y no es una discusión imaginaria. Colombia nos está poniendo sobre la mesa un caso que vale la pena observar. El presidente electo Abelardo de la Espriella cuenta con nacionalidad estadounidense, situación que ya provocó un intenso debate en aquel país sobre los posibles conflictos de interés y sobre las lealtades que puede implicar tener ciudadanía de otra nación. Incluso juristas colombianos han discutido públicamente las consecuencias de esa condición.

Y aquí está el punto central: no se trata de afirmar que alguien con ciudadanía estadounidense necesariamente obedecerá a Washington. Se trata de evitar que exista siquiera la posibilidad de un conflicto de intereses en quien tendrá que defender los intereses de México. Porque la política internacional no funciona con ingenuidad.

Estados Unidos, particularmente, utiliza sus herramientas económicas, diplomáticas, migratorias y jurídicas para defender sus intereses. México lo sabe perfectamente. Por eso, cuando hablamos de la persona que tendrá en sus manos la representación del Estado mexicano, la discusión sobre posibles vínculos jurídicos con otra nación no debería ser tabú.

De hecho, hay algo paradójico en todo esto. A los mexicanos se nos exige constantemente demostrar lealtad a nuestro país. Se cuestiona a quien tiene negocios en el extranjero, cuentas en otros países o relaciones políticas internacionales. Pero cuando se plantea que quien aspire a ser presidente o gobernador tenga una sola nacionalidad, algunos descubren de repente que la soberanía nacional es un concepto incómodo.

No lo es. La soberanía también significa establecer reglas para quienes pretenden ejercer el poder en nombre de una nación.

Y quienes se escandalizan porque una reforma de este tipo podría afectar los derechos políticos de algunos ciudadanos deberían recordar que los derechos políticos, como cualquier derecho, pueden estar sujetos a requisitos constitucionales cuando se trata de ocupar determinadas responsabilidades públicas.

En tiempos donde las presiones extranjeras sobre los gobiernos latinoamericanos son cada vez más evidentes, más que una discusión sobre documentos de identidad, estamos hablando de soberanía.

Y en materia de soberanía, vale más prevenir un conflicto de intereses que lamentarlo cuando ya sea demasiado tarde. México necesita gobernantes que tengan claro para quién trabajan.  Para México. Nada más.

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