La firma Corporativo ZEG recibió un contrato del Instituto Electoral de Coahuila apenas cuatro días después de que su representante difundiera imágenes de un encuentro con Juan Carlos Cuervo Escalona.
Un video difundido por la periodista Tania Gómez, de La Razón, exhibió la cercanía entre Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), y César Ureña, representante de Corporativo ZEG, empresa beneficiada con contratos millonarios de organismos electorales y vinculada a los hermanos Hernández Casillas.
La grabación, publicada el 3 de marzo de 2023, dura apenas 20 segundos y documenta parte de un viaje de negocios de Ureña. En las imágenes aparecen ambos trasladándose en automóvil, posteriormente en un aeropuerto y finalmente dentro de las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila.
La cronología llama la atención: el 7 de marzo de 2023, apenas cuatro días después de la publicación del video, Corporativo ZEG obtuvo un contrato por 69.4 millones de pesos para suministrar material electoral al organismo. El documento fue firmado por César Ureña y Jorge Alfonso de la Peña Contreras, entonces secretario ejecutivo y representante legal del instituto.
La periodista también difundió otra grabación en la que Ureña aparece celebrando su cumpleaños junto a José Alfredo Hernández Casillas y otros invitados en un domicilio de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. De acuerdo con la publicación, se trata del mismo inmueble que presuntamente también visitó Cuervo Escalona.
El caso se suma a una investigación de EL UNIVERSAL sobre siete empresas que obtuvieron contratos de organismos electorales y que, según la revisión de registros del Registro Público de Comercio, operaban mediante prestanombres o socios. Entre ellas figuran Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.
Las imágenes y la coincidencia de fechas ponen bajo la lupa las relaciones entre operadores empresariales y funcionarios electorales, así como la asignación de contratos millonarios con recursos públicos.





