Más de 2 mil 829 millones de pesos se destinaron a contrataciones sin licitación entre enero de 2025 y septiembre de 2026; empresas de seguridad y personas físicas acumularon convenios millonarios.
Durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo asignó mediante adjudicación directa el 96% de los más de 13 mil 300 contratos firmados para servicios, arrendamientos y adquisiciones entre enero de 2025 y septiembre de 2026. El monto de estas operaciones superó los 2 mil 829.7 millones de pesos, de acuerdo con información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre las compañías beneficiadas aparecen proveedores que recibieron contratos tanto para servicios de vigilancia como de limpieza. Un caso es Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que acumuló al menos 221 convenios. En Guanajuato, por ejemplo, fue contratada para vigilar una junta distrital y posteriormente para limpiar las instalaciones de un módulo de atención ciudadana en Silao.
Otra empresa favorecida fue Jurídicos Integrales FBP, con al menos 96 contratos por 54.13 millones de pesos. Entre ellos destaca uno de abril de 2025, por 15 millones 245 mil pesos, para proporcionar vigilancia intramuros en 40 sedes de juntas distritales del Estado de México. También figuran Vigilancia y Protección a la Sociedad, con más de 43 millones; Seguridad Privada Guns 8A, con 22.8 millones, y Protección y Logística Empresarial VYMSA, con 12.2 millones de pesos.

La revisión también identificó a una decena de personas físicas con contratos millonarios. A la cabeza aparece Ana María Juárez Hernández, quien recibió al menos 49.5 millones de pesos mediante 60 contratos a su nombre y otros dos bajo la denominación Seguridad Privada Cabiexm. La documentación de ambas figuras registra el mismo Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Juárez Hernández es esposa del empresario Mario Guitian Rosas, señalado por presuntos casos de extorsión y otros delitos, acusaciones que rechazó públicamente en abril pasado. Entre los denunciantes estuvo Gabriel Hernández, empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo, quien fue localizado sin vida en julio de 2025. Otros beneficiarios fueron Francisco Javier Hernández Palacios, con 23.6 millones de pesos; Sandra Angélica Guasti Martínez, con 6.7 millones, y Beatriz Eugenia Camacho Quiroz, con 4.6 millones.
Finalmente, entre los contratos de mayor monto también figura el otorgado a AMPS para la Integración y Articulación, empresa encargada de instalar las cámaras de videovigilancia con micrófonos en la sala de prensa y oficinas del INE, algunas de las cuales fueron retiradas recientemente, luego de generar polémica.
Con información de La Jornada.





