Dos expedientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa documentan presuntos pagos anticipados por elecciones de 2018 y anomalías en una licitación para construir oficinas electorales en Nuevo León.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones que superan los 563 millones de pesos, en las que aparecen exfuncionarios del organismo que actualmente ocupan cargos directivos en el partido Somos.
De acuerdo con documentos de la Primera Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), uno de los expedientes señala pagos anticipados por 413.2 millones de pesos para organizar las elecciones federales de 2018; el segundo aborda una licitación por 149.9 millones de pesos para construir la sede de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León.
En el primer caso, la investigación INE/OIC/INV/802/2024 involucra al entonces secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, y a Roberto Heycher Cardiel Soto, quien encabezaba la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y actualmente es secretario de Operación Electoral y Alianzas del Comité Nacional de Somos. El convenio con Talleres Gráficos de México, firmado en octubre de 2017, contempló el pago total por adelantado, pese a que la normativa establecía un límite de 50%. Los 413.2 millones fueron desembolsados el 7 de diciembre, mientras las primeras entregas ocurrieron hasta el 20 de febrero de 2018.
Los investigadores también señalaron el presunto uso de formatos de recepción simulados para justificar administrativamente los pagos antes de recibir los materiales y servicios contratados, entre ellos boletas electorales, materiales didácticos y gafetes.
El segundo expediente involucra a Ana Laura Martínez de Lara, entonces directora ejecutiva de Administración y actualmente secretaria de Administración y Finanzas de Somos. La investigación cuestiona la adjudicación de un contrato por 149.9 millones de pesos a Supervisora y Constructora Medina, cuya propuesta inicialmente no cumplía con los requisitos fiscales. Pese a que la etapa de recepción de ofertas había concluido en diciembre de 2022, funcionarios del INE solicitaron documentación adicional por correo electrónico el 31 de enero de 2023 y ese mismo día validaron su propuesta.
Para las autoridades investigadoras, esta actuación habría permitido a la empresa completar requisitos fuera del plazo establecido, afectando la igualdad entre participantes. Ambos casos están bajo revisión del TFJA, que deberá determinar si existieron faltas administrativas graves y las responsabilidades correspondientes.
