Mientras trabajadores de módulos electorales protestan por mejores condiciones laborales, antiguos funcionarios de confianza acumularon percepciones millonarias durante 2025.
Diversos exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), designados durante la gestión de Guadalupe Taddei, reportaron ingresos de hasta 3.9 millones de pesos anuales por sus cargos públicos, cifras que superan las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con declaraciones patrimoniales retomadas por una investigación periodística.
Uno de los casos es el de José Alberto Pérez de Acha, exdirector de la Unidad de Servicios de Informática, quien declaró ingresos totales por aproximadamente 4 millones de pesos en 2025. De ese monto, 3 millones 900 mil pesos correspondieron a su función pública y otros 104 mil pesos a actividades empresariales. Su declaración fue presentada en mayo de 2026.
Otro caso es el de Mario Alfonso Burciaga, exdirector de Recursos Materiales, quien reportó ingresos netos por 1.8 millones de pesos. El exfuncionario fue identificado entre los asistentes a una fiesta de José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su cercanía con la estructura administrativa del INE y por su relación con contrataciones del organismo. Burciaga tenía entre sus responsabilidades la validación de contratos.
A la lista se suman Iliana Araceli Hernández, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, quien declaró 3.2 millones de pesos por su cargo, y Jorge Egren Moreno, exdirector ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, con ingresos reportados por 2.5 millones de pesos.
Las cifras contrastan con las exigencias del personal que trabaja en los módulos de atención ciudadana del INE, cuyos integrantes realizaron una protesta y un paro nacional el pasado 9 de noviembre para exigir mejores condiciones laborales. Los trabajadores consideraron insuficiente el aumento salarial de 6 por ciento propuesto para enero de 2027.
Entre sus demandas también plantearon jornadas de lunes a viernes, renovación de equipos tecnológicos, mejores viáticos y estabilidad laboral. Las movilizaciones evidenciaron el contraste entre los ingresos declarados por antiguos mandos del instituto y las condiciones que enfrenta el personal encargado de atender directamente a la ciudadanía.
