La oposición denuncia una supuesta red de vínculos políticos y familiares en los órganos electorales. Por eso, el Consejo General aprobó pedir auditorías a la ASF, el ISAF y el OIC.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE) aprobó pedir una revisión completa de su dinero público. La auditoría cubrirá los recursos que el organismo ejerció de 2011 a 2026.
El PAN propuso el acuerdo durante la sesión ordinaria. Su representante ante el IEE, Víctor Manuel Ramírez Aguilar, pidió examinar cómo el instituto contrata, licita y gasta sus principales partidas. Con eso busca detectar posibles irregularidades y aclarar el destino del dinero.
El acuerdo solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y el Órgano Interno de Control (OIC). Cada instancia revisará el manejo de los recursos dentro de sus atribuciones.
La petición llega en medio de denuncias públicas. Partidos de oposición hablan de una supuesta red de relaciones políticas, familiares y laborales entre funcionarios del INE, el IEE y el Tribunal Estatal Electoral. Esa red lleva el nombre de “Cártel Electoral”. Los señalamientos también mencionan los vínculos de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Conviene precisar un punto. El nombre y las acusaciones no prueban por sí solos responsabilidades administrativas ni penales.
El caso ya tiene eco nacional. El 3 de noviembre, representantes del PAN, PRI, PRD y Somos hicieron pública una denuncia sobre esa presunta red. Lo hicieron desde la Mesa de la Unidad por la Democracia de Sonora y pidieron investigar a funcionarios de los organismos electorales.
Por su parte, Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEE, aseguró que el instituto atiende el requerimiento. También dijo que está dispuesto a nuevas revisiones. Recordó que, desde 2022, el ISAF hizo cuatro auditorías integrales, la ASF tres revisiones y el OIC 22 fiscalizaciones. Según su versión, ninguna señaló las irregularidades que hoy denuncian.
Además de abrir la puerta a los auditores, el Consejo General acordó revisar sus propias normas administrativas. Busca mejorar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. Así quiere reforzar los controles y cumplir la ley.





