El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood en 2009. La decisión vuelve a colocar en el centro del debate el uso de la pena de muerte como respuesta del Estado ante crímenes.

El presidente estadounidense, Donald Trump autorizó la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado a muerte por el asesinato de 13 personas y el intento de asesinato de otras 32 durante el tiroteo de Fort Hood, Texas, en 2009. La decisión, recomendada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, representa una nueva aplicación de la pena capital en un caso que, por la gravedad de los hechos, difícilmente admite discusión sobre la responsabilidad penal de su autor.

Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses el 5 de noviembre de 2009 dentro de un centro de procesamiento de personal militar. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos y posteriormente se estableció que el entonces psiquiatra del Ejército había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, vinculado posteriormente con Al Qaeda. Hasan fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar y permanece recluido en Fort Leavenworth, Kansas.

Sin embargo, la gravedad de una masacre no elimina el cuestionamiento fundamental sobre la decisión del Estado de quitar deliberadamente la vida a una persona como forma de castigo. El fusilamiento, lejos de representar únicamente el cierre judicial de un caso, vuelve a exhibir la contradicción de combatir un crimen letal mediante otra muerte ordenada y ejecutada por las propias instituciones públicas.

La autorización de Trump deja ahora en manos del secretario del Ejército la determinación de la fecha y el lugar de la ejecución. El caso reabre así el debate sobre los límites del castigo y sobre si un Estado puede reclamar autoridad moral para matar incluso después de que un acusado haya sido juzgado y condenado, una discusión que permanece abierta en Estados Unidos y que enfrenta argumentos de justicia y retribución con cuestionamientos sobre derechos humanos, dignidad y el carácter irreversible de la pena capital.