Pete Hegseth y Nasry Asfura firmaron acuerdos para ampliar la cooperación militar entre Estados Unidos y Honduras, mientras Washington abre la puerta a realizar operaciones militares contra el narcotráfico y las pandillas. La iniciativa, impulsada bajo la estrategia de Donald Trump, plantea interrogantes sobre la soberanía hondureña y los riesgos de profundizar una política de seguridad basada en la fuerza.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, planteó la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas en Honduras durante su visita del 19 de noviembre, en la que firmó dos acuerdos con el presidente Nasry Asfura sobre ciberdefensa y áreas de defensa nacional. Aunque no se dieron detalles, Washington busca ampliar su participación en la estrategia hondureña contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

La visita confirma el acercamiento de Asfura a la política de seguridad de Donald Trump y la incorporación de Honduras a Escudo de las Américas, la alianza anticárteles promovida por el mandatario estadounidense. Hegseth habló de obtener resultados mediante la cooperación bilateral y las operaciones militares, una fórmula que coloca a las fuerzas armadas en un papel cada vez más amplio frente a problemas que también requieren instituciones civiles, justicia y políticas sociales.

El anuncio llega después de la masacre de 12 personas en el departamento de Yoro, atribuida a presuntos integrantes del llamado cártel del Diablo y posiblemente relacionada con represalias por las recientes operaciones de seguridad. Hegseth elogió la respuesta oficial y habló de “cazar a los salvajes”, mientras Asfura defendió sus medidas, inspiradas en el modelo de mano dura de Nayib Bukele. Sin embargo, la violencia persiste y Honduras registra una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La ampliación de la cooperación militar estadounidense abre cuestionamientos sobre los alcances de la intervención de Washington y los controles que tendrá sobre las operaciones en territorio hondureño. Presentar la militarización como solución no garantiza que disminuya la violencia: la experiencia de la región obliga a exigir transparencia, respeto a los derechos humanos y resultados verificables, en lugar de convertir la lucha contra el crimen en un cheque en blanco para el uso de la fuerza.