La acusación federal en Texas incluye a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, señalados como líderes del grupo criminal. Los cargos abarcan narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y apoyo a una organización terrorista.
Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó una acusación formal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), por su probable participación en una red de delitos relacionados con el narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes y lavado internacional de dinero.
Entre los señalados se encuentran los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” o “Don Gambino”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como “La Fresa” o “Chino”, identificados en los documentos judiciales como los presuntos líderes de la organización criminal.
La acusación fue presentada en el Distrito Oeste de Texas e incluye 14 cargos, entre ellos conspiración para distribuir e importar cocaína, heroína y metanfetamina, tráfico de armas de fuego, operaciones financieras ilícitas y delitos relacionados con el traslado ilegal de personas migrantes. Algunos de estos últimos cargos contemplan hechos con resultado de muerte.

El expediente también señala a los acusados por presuntamente proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Esta clasificación fue impuesta por el gobierno estadounidense a La Nueva Familia Michoacana el 20 de febrero de 2025, como parte de su estrategia para combatir a los cárteles mexicanos.
El fiscal federal Justin R. Simmons calificó el caso como resultado de la colaboración entre agencias de seguridad y aseguró que el objetivo es desmantelar las redes de narcotráfico, impedir el tráfico ilegal de armamento y llevar ante la justicia a los responsables. Entre los acusados también figuran personas residentes en Texas y ciudadanos estadounidenses.
La acusación representa un nuevo frente judicial de Washington contra la estructura financiera y operativa de La Nueva Familia Michoacana, cuyos presuntos dirigentes y colaboradores enfrentan cargos que abarcan desde el tráfico de drogas hasta el apoyo a organizaciones terroristas. Las imputaciones deberán acreditarse ante los tribunales.





