Un tribunal colegiado pidió a la Suprema Corte que revise el recurso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien busca liberar sus cuentas bancarias congeladas por la UIF.
Preso en el Reclusorio Oriente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI capitalino, pelea ahora en la Corte por recuperar el acceso a su dinero.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el recurso de revisión del político, conocido como el “Rey” o “Zar de la Basura” . El recurso va contra el congelamiento de sus cuentas, que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Además, Gutiérrez de la Torre enfrenta un proceso penal por seis delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada. También lo acusan de cuatro delitos de trata de personas en su modalidad de publicidad engañosa y de asociación delictuosa.
Según el expediente, en octubre de 2025 una persona llegó a su domicilio para avisarle que la UIF lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas. Su familiar no tenía identificación oficial, así que la notificación no se concretó.
Después, la familia fue al banco. Ahí, un empleado dijo que no podía dar información a terceros, pero confirmó que la UIF ordena el bloqueo de cuentas. Con ese dato, el ex dirigente promovió un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, que le negó la suspensión definitiva. Inconforme, recurrió a la revisión.
La jueza Guadalupe González Hernández retomó la postura de la UIF. Esta explicó que el bloqueo cumple compromisos internacionales del Estado mexicano. Esos compromisos buscan frenar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La jueza también advirtió que una suspensión impediría a la UIF cumplir esas obligaciones, pues sus facultades son de orden público. La unidad presentó denuncias ante el Ministerio Público Federal porque detectó indicios de que el quejoso probablemente participó en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Por eso, la jueza concluyó que conceder la medida dañaría el interés social y al sistema financiero mexicano. Apoyó su decisión en el artículo 129, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que limita las suspensiones cuando facilitan el lavado de dinero u otras conductas ilícitas.
El caso tiene un origen más antiguo. Las averiguaciones previas contra Gutiérrez de la Torre comenzaron en 2014, tras las denuncias de tres víctimas. Ellas contaron que un año antes llegaron a las instalaciones del PRI capitalino por una oferta de trabajo. Esa oferta, según su relato, escondía una red de explotación sexual.





