El exvicefiscal, acusado en Nueva York por supuestos nexos con “Los Chapitos”, renunció el 5 de noviembre al terminar su licencia.
La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló en entrevista que Dámaso Castro Zaavedra ya no forma parte de la institución. El funcionario entregó su renuncia justo cuando terminó su licencia sin goce de sueldo.
Castro Zaavedra pidió esa licencia en mayo, por seis meses, el plazo máximo que marca la ley. Quería atender las acusaciones de Estados Unidos en su contra. La fiscal confirmó que él dio el paso final “la semana pasada, el día 5 de noviembre”.
En agosto, Sánchez Kondo ya había anticipado este desenlace. Dijo que, si él no regresaba al terminar la licencia, solo procedía la renuncia. Así ocurrió.
Mientras tanto, la Vicefiscalía sigue en manos de José Roberto Quiñónez Coronado. Él dirige el despacho como encargado desde el 5 de mayo, el día en que Castro Zaavedra se separó del cargo. Seguirá con ese carácter provisional. La fiscal no dio fecha para nombrar a un titular definitivo.
El caso nació el 29 de abril de 2026. Ese día, el Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de proteger al Cártel de Sinaloa. En la lista aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez. También figura Castro Zaavedra, quien entonces era vicefiscal general.
A todos les imputan tres cargos. Son asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación para poseer esas armas. Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, suma dos cargos más por secuestro con resultado de muerte.
Sobre Castro Zaavedra, el expediente da detalles concretos. Según el documento, “Los Chapitos” le pagaron cerca de 11 mil dólares al mes desde al menos 2021 hasta septiembre de 2024. A cambio, él habría evitado detenciones y avisado de operativos con información de la DEA. Así, el grupo podía destruir o mover pruebas antes de que llegaran las autoridades.
En las listas mensuales del cártel, él aparecía con el alias “Culiacán Regio” y un pago aproximado de 200 mil pesos. Si un tribunal estadounidense lo declara culpable, enfrentaría cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años.
Él ha dado la cara desde el principio. El 26 de mayo se presentó ante la Fiscalía General de la República, antes que Rocha Moya y que el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Al salir, negó los cargos y se declaró inocente.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó en mayo las cuentas de los 10 señalados. La dependencia aclaró que se trata de una medida preventiva y que no prueba responsabilidad alguna.
Además, en julio, la FGR admitió que no reunió pruebas suficientes bajo el derecho mexicano. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, descartó entregar a los señalados por la vía que usó en más de 90 traslados anteriores. Esos casos tenían órdenes de aprehensión y procesos en curso, y este no los tiene.
Washington presentó otra figura: una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Esa vía exige que Estados Unidos justifique la urgencia, y hasta julio no lo había logrado.
Entre los acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó el 11 de mayo en Nogales, Arizona. Reportes sin confirmar indican que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, también se entregó en Nueva York.
