El bloque opositor creó un comité para exigir que el exgobernador de Baja California enfrente su proceso en libertad y cuestionó las condiciones de su detención.

La defensa de Ernesto Ruffo Appel volvió a reunir a distintas figuras de la oposición en Tijuana, donde panistas y algunos integrantes de otros partidos conformaron el Comité Plural por la Libertad del exgobernador. El grupo, integrado por gobernadores y exmandatarios, exige que el político continúe su proceso en libertad y denuncia presuntas irregularidades durante su detención.

El encuentro fue encabezado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acusó al gobierno de utilizar la justicia con fines políticos y calificó a Ruffo como un “prisionero político”. Según los asistentes, el exgobernador ha enfrentado audiencias privadas y permanece en aislamiento, condiciones que calificaron como un trato “inhumano”.

Campos aprovechó el acto para lanzar una fuerte advertencia contra lo que llamó “el régimen”. Sostuvo que quienes se oponen al gobierno podrían ser sometidos y aseguró que el caso de Ruffo pretende generar miedo entre periodistas, madres buscadoras y otros sectores críticos. Un discurso que, curiosamente, presenta a la oposición como víctima universal mientras intenta convertir un proceso judicial en bandera política.

La gobernadora también rompió una fotografía de Ruffo durante su ingreso a instalaciones de la Fiscalía General de la República, imagen en la que aparece un elemento policial colocando una mano sobre su cabeza. “No vamos a permitir que esta fotografía siga siendo el retrato de México”, afirmó Campos, quien acusó un supuesto uso de la justicia bajo una lógica de “rentabilidad política”.

Al encuentro acudieron el coordinador de los diputados federales del PAN, José Elías Lixa, en representación del dirigente nacional panista Jorge Romero; el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; integrantes de Somos México, empresarios y dirigentes locales del PAN y Movimiento Ciudadano. La oposición cerró filas, pues cuando se trata de uno de los suyos, el discurso de persecución política aparece con notable rapidez.

Romero Hicks defendió la trayectoria de Ruffo y cuestionó que, a su juicio, sea medido con un rasero distinto al aplicado a otros gobernantes. Así, el panismo convirtió el caso en un nuevo frente político, entre acusaciones de justicia selectiva, persecución y autoritarismo, mientras exige que el proceso contra el exgobernador se desarrolle con garantías legales.