El colectivo Grupo de las 6 acusó ante el Tribunal de Disciplina Judicial a la jueza Tania Neri Borjas por frenar el proceso legislativo contra el gobernador de Nuevo León.
Integrantes del Grupo de las 6 presentaron una denuncia formal contra la jueza Tania Virginia Neri Borjas. La acusan de favorecer al gobernador Samuel García Sepúlveda con un amparo exprés.
El colectivo interpuso el recurso el pasado 7 de agosto ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Rebeca Clouthier, integrante del grupo y familiar de la aspirante morenista Tatiana Clouthier, explicó los motivos.
Clouthier difundió un video en redes sociales con los detalles del caso. Además, mostró documentos oficiales del proceso de amparo que benefició al mandatario estatal.
La activista señaló que el amparo detiene el juicio político que se tramita en el Congreso local. Esta resolución impide que los legisladores voten o resuelvan el caso contra García.
“Esta resolución judicial genera una grave preocupación sobre la imparcialidad del Poder Judicial”, expresó Clouthier en su mensaje. También cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo.
El colectivo destacó un dato clave sobre el nombramiento de la jueza. Movimiento Ciudadano y el propio gobernador impulsaron su llegada al cargo durante la elección judicial pasada.
Por esta razón, las activistas hablan de un posible conflicto de interés. Consideran que la decisión judicial podría interpretarse como un pago de favores políticos.
El Grupo de las 6 pidió al Tribunal investigar los hechos con total transparencia. Además, exigió que se determinen responsabilidades para quienes resulten implicados en el caso.
El origen del conflicto se remonta al 12 de junio pasado. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el juicio político contra García.
Legisladores del PRI, PAN y Morena votaron a favor de la medida con seis votos. Solo Movimiento Ciudadano se opuso a abrir el proceso contra el gobernador.
El Congreso acusa al mandatario de triangular más de mil millones de pesos en recursos públicos. Los fondos habrían beneficiado a empresas ligadas al propio gobernador.
Antes de que García presentara su defensa por escrito el 23 de junio, la jueza ya había actuado. Diez días antes, Neri Borjas concedió la suspensión provisional al gobernador.
Esta medida permite que el proceso legislativo continúe en sus distintas etapas. Sin embargo, las autoridades no pueden someterlo a votación ni emitir un dictamen final.
