La resolución dejó sin efecto la suspensión que protegía al exgobernador de Baja California frente a las acusaciones de incomunicación y tortura psicológica.
Una jueza de distrito desechó dos demandas de amparo promovidas por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en las que denunció presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica durante su reclusión en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
Los recursos fueron presentados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México contra el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1. En julio pasado, Ruffo Appel había obtenido una suspensión de plano y de oficio como parte de uno de los amparos.
Sin embargo, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez le solicitó precisar, en un plazo de tres días, los antecedentes de los actos que reclamaba. El exmandatario se reservó el derecho a declarar al argumentar que no había tenido contacto con sus abogados. Al vencer el plazo sin que presentara las precisiones solicitadas, la juzgadora determinó tener las demandas como no presentadas y dejó sin efecto la suspensión.
Los dos recursos forman parte de los cuatro amparos promovidos por la defensa de Ruffo Appel. Entre ellos se encuentra uno contra la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva y otro relacionado con la posibilidad de que ésta sea cumplida fuera de un centro penitenciario, debido a que el exgobernador tiene 74 años y requiere tratamiento médico continuo.
El caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto esquema de operaciones ilícitas mediante 11 empresas para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques, presuntamente evadiendo obligaciones fiscales y controles aduaneros. Las autoridades también localizaron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal en Coahuila.
