El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ‘restricciones’ a las manifestaciones y pidió evitar las protestas durante los próximos días, una decisión que, bajo el argumento de recuperar el orden, abre la puerta a medidas arbitrarias y al silenciamiento de la inconformidad social en Francia.
Tras los disturbios y saqueos registrados el pasado 17 de octubre en distintas ciudades francesas, Macron anunció que las autoridades podrán prohibir concentraciones consideradas “ilegítimas” cuando estimen que existe riesgo para el orden público. Aunque las marchas sindicales autorizadas podrán continuar, podrían ser desviadas hacia otras rutas. La medida enciende las alarmas porque deja en manos de las autoridades un margen amplio para decidir qué protestas pueden realizarse y cuáles deben ser impedidas, con el riesgo de convertir la seguridad en pretexto para limitar derechos fundamentales.
El mandatario atribuyó los enfrentamientos a grupos organizados de extrema izquierda a los que acusó de intentar hacer caer la República, y anunció nuevas medidas de seguridad, entre ellas prohibiciones y toques de queda. Sin embargo, condenar los actos de violencia no justifica tratar la movilización social como una amenaza en sí misma. Los saqueos y las agresiones deben investigarse y sancionarse de manera individual, sin utilizar esos hechos para deslegitimar a quienes protestan pacíficamente contra el encarecimiento de la vida o exigen mejores condiciones sociales.
La decisión de Macron resulta especialmente preocupante porque llega en un contexto de malestar social y de detenciones relacionadas con los disturbios. Aunque el presidente aseguró que mantendrá el diálogo con sindicatos, partidos, estudiantes y docentes, su recomendación de que no haya manifestaciones durante los próximos días envía una señal contradictoria: invita a dialogar mientras restringe una de las principales herramientas de presión ciudadana. Si las prohibiciones se aplican de forma discrecional, podrían derivar en represión y censura de voces críticas con el Gobierno.
El Ejecutivo francés tiene la obligación de proteger a la población y garantizar la seguridad, pero también de respetar el derecho a la reunión y a la protesta pacífica. La respuesta a los disturbios no debería consistir en reducir indiscriminadamente el espacio público para la disidencia. Cuando un Gobierno pretende decidir qué inconformidades son aceptables y cuáles deben desaparecer de las calles, el restablecimiento del orden puede convertirse en una peligrosa justificación del autoritarismo.
