El gobierno colombiano permitió el ingreso del equipo israelí junto con contingentes de otros países, una decisión que abre cuestionamientos sobre las prioridades de la respuesta internacional.
Un grupo de 82 rescatistas enviados por Israel llegó este viernes a Cali para participar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que golpeó a Colombia. La decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de aceptar al contingente israelí generó cuestionamientos, particularmente por el contexto político internacional que rodea a Israel.
El equipo está integrado por especialistas en búsqueda y rescate, análisis estructural y tareas humanitarias, y su envío fue ordenado el pasado 12 de agosto por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien afirmó compartir el dolor de las familias colombianas afectadas por la tragedia.
Israel es uno de los países cuyos equipos fueron aceptados por el gobierno colombiano para atender la emergencia, junto con Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Las autoridades señalaron que los grupos seleccionados cumplían con los requisitos internacionales para participar en las labores de rescate.
Sin embargo, la decisión de incorporar a personal enviado directamente por el gobierno de Netanyahu no está exenta de controversia. El gobierno israelí enfrenta fuertes cuestionamientos internacionales por sus acciones en Gaza, por lo que la presencia de sus equipos oficiales en territorio colombiano ocurre en un escenario especialmente sensible.
La llegada del contingente plantea además un debate sobre la posición internacional del gobierno de De la Espriella y el criterio utilizado para seleccionar a los países participantes en la respuesta a la emergencia. Aunque la prioridad inmediata es atender a las víctimas, la elección de determinados aliados también tiene una dimensión política que difícilmente puede ignorarse.
Mientras continúan las labores de emergencia, los 82 rescatistas israelíes se sumarán a los trabajos en Cali. Su presencia representa no sólo una operación de asistencia tras el terremoto, sino también una decisión diplomática del gobierno colombiano que seguramente seguirá generando debate.
