En mi columna anterior escribí una historia sobre cómo pudieron haberse movido durante años aquellos cargamentos de petróleo, gasolina y diésel en la llamada época dorada del huachicol fiscal, o, para decirlo sin darle tantas vueltas, durante uno de los grandes robos a la nación. Aquel texto no pretendía acusar a nadie ni presentar como hechos cosas que yo no podía probar; era un ejercicio para tratar de entender cómo una operación de semejante tamaño podía atravesar carreteras, puertos, aduanas y retenes sin que necesariamente cada persona que encontraba en el camino conociera lo que realmente estaba ocurriendo. Ahí escribí sobre la famosa charola, esa vieja institución informal mexicana que durante décadas abrió puertas, detuvo investigaciones y provocó que más de uno prefiriera no hacer demasiadas preguntas. Pero también escribí algo que hoy me parece todavía más interesante: la charola ni siquiera tiene que existir. Puede ser invisible. A veces basta utilizar un nombre, decir que se conoce a determinada persona o pronunciar aquella frase que durante tantos años tuvo un significado muy particular en México: “traemos línea de México”.

Y ahora, conforme uno conoce fragmentos de investigaciones, declaraciones, conversaciones y expedientes relacionados con el huachicol fiscal, aquella historia ficticia empieza por momentos a parecer menos disparatada de lo que parecía cuando la escribí. No estoy diciendo que ocurrió exactamente como lo imaginé ni que existió aquella llamada desde una carretera o que determinado operador pronunciara esas palabras. Estoy hablando del mecanismo. De la posibilidad de utilizar una cercanía real o inventada con el poder para hacer creer a quien está enfrente que detener un camión, revisar un pedimento o hacer demasiadas preguntas puede significar meterse en un problema mayor. Porque ésa es otra característica muy mexicana del poder: no solamente importa tenerlo, también puede ser suficiente convencer a los demás de que uno lo tiene. Y aquí es precisamente donde comienzan mis dudas, porque entre más leo sobre este asunto más preguntas encuentro y menos dispuesto estoy a aceptar algunas conclusiones que se presentan como si ya estuvieran demostradas.

La primera es por qué parece existir una necesidad casi desesperada de que Andrés Manuel López Obrador o alguno de sus hijos tenga que aparecer forzosamente involucrado en la operación. Si existen pruebas, que se presenten. Si hay transferencias bancarias, instrucciones, llamadas, sociedades, cuentas, testimonios corroborados o documentos que acrediten una participación delictiva, que la Fiscalía investigue y que los responsables respondan, se llamen como se llamen. Pero existe una diferencia enorme entre que un presunto delincuente diga conocer a alguien y que efectivamente lo conozca; otra todavía mayor entre conocerlo y que esa persona participe en un delito. Cualquiera que haya vivido alrededor de la política mexicana sabe cuántas veces alguien asegura: “yo conozco al gobernador”, “yo hablo con el secretario”, “eso ya está autorizado arriba”, cuando quizá el gobernador ni sabe quién es. Precisamente ésa era la idea de la charola invisible: utilizar el poder de otro, muchas veces sin que ese otro siquiera se entere.

La segunda pregunta es por qué se repite que una operación de semejante tamaño necesariamente tenía que ser conocida por todo el Gobierno federal. Puede haber funcionarios involucrados y precisamente eso debe investigarse, puede haber corrupción en aduanas, autoridades que voltearon hacia otro lado, empresarios que compraron voluntades, militares, agentes, intermediarios y redes completas. Pero de ahí a concluir que por existir una operación criminal grande necesariamente el presidente de la República tenía conocimiento existe una distancia considerable. Si aceptáramos ese razonamiento tendríamos que aplicarlo también a Estados Unidos: ¿cómo es posible que el país con algunas de las agencias de inteligencia y seguridad más poderosas del mundo no haya podido impedir durante años la entrada de toneladas de drogas y, particularmente, el crecimiento del fentanilo? ¿Debemos concluir entonces que el Gobierno estadounidense participa en el tráfico? Evidentemente no. Los Estados no son omniscientes. Dentro de ellos existen instituciones, burocracias, corrupción, fallas de inteligencia, información fragmentada y funcionarios que pueden actuar por su cuenta. La pregunta periodística interesante no es “¿cómo no iba a saber el Gobierno?”, sino algo mucho más concreto: ¿quién sabía?, ¿desde cuándo?, ¿qué información tenía?, ¿qué hizo con ella? y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaron realmente las complicidades?

Y hay una tercera pregunta que para mí puede ser todavía más importante: ¿desde cuándo sucede todo esto? Porque pareciera que descubrimos el huachicol fiscal ayer y que necesariamente debemos colocarlo dentro de un solo sexenio, cuando existen antecedentes de contrabando, subvaluación, evasión fiscal y comercio ilegal de combustibles desde mucho antes. Si queremos entender verdaderamente el fenómeno habrá que reconstruirlo hacia atrás y revisar cuándo comenzó a crecer, qué cambios regulatorios lo facilitaron, qué empresas participaron, quién vendía el combustible en Estados Unidos, quién lo transportaba, quién hacía los pedimentos, quién lo recibía en México, quién facturaba y dónde terminaba el dinero. Porque el combustible no aparece mágicamente en la frontera. Para que exista huachicol fiscal de esta naturaleza tiene que existir una cadena completa a ambos lados. Reducir todo ese entramado a encontrar un apellido políticamente atractivo puede servir para ganar audiencia, pero difícilmente sirve para entender uno de los negocios ilícitos más grandes que ha enfrentado México.

Y mientras tratamos de resolver ese rompecabezas, la política mexicana nos regala otro capítulo de esa relación tan peculiar entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña. Yo ya no sé si son adversarios o admiradores profesionales el uno del otro; quizá deberían ir un día a comer y platicar tranquilamente de sus vidas, porque no dudo que ambas sean interesantes, pero ¡híjole!, cuando se encuentran se dan con todo. Esta vez el motivo volvió a ser una visa estadounidense y, más allá del espectáculo político, hubo algo en la respuesta de Noroña que me pareció bastante lógico: no todos los mexicanos tienen visa, millones no la necesitan y muchos probablemente jamás han pensado viajar a Estados Unidos. Una visa es una autorización administrativa que otro país concede o retira conforme a sus propias reglas; no es certificado de buena conducta expedido por Dios. Sin embargo, hemos llegado al extremo de interpretar que si Estados Unidos cancela una visa entonces el afectado automáticamente debe ser delincuente. No funciona así. Una visa cancelada no es una orden de aprehensión, no es una sentencia y ni siquiera necesariamente implica la existencia de un proceso penal.

Y ahí aparece otra de esas contradicciones maravillosas de nuestra conversación pública. Mi compañero y director de este medio, Manuel Pedrero, publicó esta semana una lista pequeña pequeñísima si uno piensa en la dimensión histórica del fenómeno de personajes relacionados con organizaciones criminales que terminaron en Estados Unidos cooperando con sus autoridades. El sistema estadounidense lleva décadas utilizando testigos colaboradores, informantes y antiguos integrantes de organizaciones criminales para construir casos contra otros delincuentes. Algunos reciben reducciones de sentencia; otros pueden entrar en esquemas de protección o reubicación. Eso no significa, como a veces se cuenta coloquialmente, que tengan permiso para violar las leyes estadounidenses o que puedan cometer cualquier infracción y solamente llamar a su agente federal. Jurídicamente no funciona así. Pero sí demuestra una realidad incómoda: una persona puede haber pertenecido realmente a una organización criminal y posteriormente recibir beneficios por cooperar con la justicia estadounidense, mientras en México somos capaces de considerar culpable a alguien simplemente porque perdió una visa. Algo no cuadra en nuestra escala de valores probatorios.

Pensaba precisamente en todo esto mientras manejaba por una carretera de Texas y entonces se me ocurrió otra pregunta: ¿por qué buena parte de nuestros medios dedica tanto tiempo a las visas, a Alito, a la siguiente pelea de Noroña, a lo que prepara la oposición grande o pequeña para las elecciones que vienen, pero dedica mucho menos tiempo a investigar los hospitales que se están construyendo, las viviendas del Bienestar, las carreteras que se amplían, los puentes, las escuelas nuevas o las que están siendo rehabilitadas? Y quiero ser muy preciso porque reconocer una obra pública no significa convertirse en propagandista del Gobierno. Al contrario: hay que ir a verla, revisar cuánto costó, quién obtuvo el contrato, cuándo debía terminarse y si verdaderamente funciona. Eso también es periodismo. Si un hospital fue anunciado, vayamos a comprobar si tiene médicos y medicamentos; si se prometieron viviendas, contemos cuántas se construyeron y cuántas se entregaron; si se anuncia una carretera, recorrámosla. Pero ignorar deliberadamente todo aquello que funciona porque no coincide con la línea editorial de que México está permanentemente al borde del desastre tampoco es periodismo.

Yo veo un esfuerzo importante del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en infraestructura, vivienda, salud y educación. Eso no significa que no existan errores ni que debamos dejar de investigar corrupción, inseguridad o cualquier posible irregularidad. Al contrario, precisamente porque se manejan recursos públicos hay que vigilar todavía más. Pero una cosa es fiscalizar al poder y otra muy distinta construir todos los días una narrativa donde absolutamente nada puede salir bien. Hay noticieros que uno termina de ver y siente que México dejó de existir mientras estaba uno cenando. En esos casos casi entiendo aquella recomendación de “no vean TV Azteca”, aunque yo propondría algo menos radical: si un noticiero solamente le produce coraje, cambie de canal y vea una caricatura o una película vieja. Pedro Infante, Cantinflas, Tin Tan, lo que encuentre. Seguramente terminará de mejor humor. Hay periodistas que parecen expresarse con el intestino y uno imagina que después de terminar el programa deben apagar el micrófono y tomarse un omeprazol.

A mí me sucede cuando me dicen que vea Latinus porque “hay que escuchar todas las versiones”. Lo intento, de verdad que lo intento, pero termino afligido y convencido de que en mi México no quedó piedra sobre piedra. Después busco otros medios, comparo versiones, reviso documentos y cifras y generalmente encuentro un país bastante más complejo: México tiene problemas enormes, pero también tiene cosas funcionando; tiene corrupción que investigar y obras que reconocer; tiene delincuentes y servidores públicos honestos; tiene huachicol y tiene carreteras; tiene políticos peleándose por visas y millones de mexicanos que mañana se levantarán a trabajar sin visa, sin pensar en una visa y sin necesitar una visa estadounidense para absolutamente nada.

Quizá ése sea finalmente el problema de fondo. Hemos confundido información con militancia, sospecha con prueba y crítica con destrucción. Si mañana aparece evidencia sólida de que Andrés Manuel López Obrador, uno de sus hijos, un secretario, un almirante, un empresario o cualquier otra persona participó en el huachicol fiscal, que se investigue y se publique. Pero exactamente el mismo estándar debe aplicarse cuando la evidencia no existe. No podemos rellenar los espacios vacíos de una investigación con aquello que políticamente nos gustaría que hubiera ocurrido.

Y por eso regreso a aquella carretera imaginaria de mi columna anterior. Quizá aquella pipa sí pasó un retén. Quizá hubo una llamada. Quizá alguien dijo que traía línea de México. Quizá el agente creyó que la orden venía desde arriba y decidió dejarla pasar. O quizá no ocurrió absolutamente nada de eso. Eso tendrán que establecerlo las investigaciones. Lo que sí sabemos por experiencia es que en México existe el poder real y existe también algo mucho más barato y a veces igual de efectivo: hacer creer a los demás que uno tiene poder.

La charola pudo haber existido.

O pudo haber sido invisible.

O quizá nunca hubo charola.

Tal vez solamente hubo un nombre.

Y precisamente por eso, antes de condenar a cualquiera, sigo prefiriendo una costumbre bastante antigua del periodismo: preguntar, buscar, contrastar, documentar y después publicar. Porque una visa puede desaparecer, un político puede mentir, un delincuente puede presumir relaciones que nunca tuvo, un gobierno puede equivocarse y hasta un periodista puede acertar por casualidad.

Pero para acusar a alguien de un delito hace falta algo bastante más importante que todo eso.

Hacen falta pruebas.