Rosa Alejandra “N” permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones; autoridades señalan vínculos familiares con tres personas relacionadas con el expediente del exalcalde.
Una jueza vinculó a proceso a Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar de Uruapan, Michoacán, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento dentro de las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.
La resolución fue emitida el 3 de noviembre por un juez de Control y Enjuiciamiento, quien también determinó imponerle prisión preventiva justificada. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar con la integración de pruebas.
De acuerdo con la causa penal 345/2026, la funcionaria es investigada por su presunta participación en el encubrimiento de información relacionada con el homicidio. La imputación, sin embargo, no señala que haya intervenido directamente en la ejecución del asesinato, sino que se refiere específicamente al delito de encubrimiento por favorecimiento.

Entre los elementos que han colocado a Rosa Alejandra “N” bajo investigación se encuentran sus vínculos familiares con tres personas relacionadas con el caso: Alejandro “N”, alias “El Macas”, identificado como su hijo y exescolta de confianza de Carlos Manzo; así como sus sobrinos Christian “N”, “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”.
Según los señalamientos de las autoridades, “El Vikingo” y “El Brilloso” formarían parte de la célula criminal que presuntamente planeó el ataque contra el exalcalde. Estos antecedentes forman parte del contexto de las indagatorias, aunque la acusación contra la secretaria municipal corresponde al posible encubrimiento y no al delito de homicidio.
Con la vinculación a proceso, la funcionaria permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento judicial. El plazo de dos meses permitirá avanzar en las diligencias y reunir los elementos necesarios para determinar su situación jurídica. Cabe señalar que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria ni acredita su culpabilidad.





