El Gobierno de Estados Unidos justifica las cancelaciones por delitos, fraude y seguridad, pero en numerosos casos parten de acusaciones sin pruebas.

La administración de Donald Trump ha revocado más de 175 mil visas desde enero de 2025, como parte de una política migratoria cada vez más restrictiva. El Departamento de Estado asegura que las principales causas son delitos, fraude, incumplimiento de las condiciones migratorias y posibles riesgos para la seguridad. Sin embargo, el alcance de la medida genera preocupación porque una visa puede ser cancelada a partir de acusaciones o detenciones, sin que exista necesariamente una condena judicial.

El ritmo de las cancelaciones también aumentó: hasta enero de 2026 se habían reportado 100 mil visas revocadas. Entre los motivos señalados por Washington aparecen supuestas agresiones, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, robos y delitos relacionados con narcóticos, además de casos de fraude, abuso infantil y agresión sexual. El Gobierno utiliza estos expedientes para justificar una política que coloca a miles de extranjeros bajo un proceso de revisión permanente.

La ofensiva, sin embargo, también ha alcanzado casos que no corresponden directamente con delitos. Estados Unidos ha cancelado visas por motivos de política exterior y por determinadas expresiones o conductas consideradas contrarias a sus intereses. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado estas decisiones porque, en algunos casos, las autoridades actúan con base en señalamientos, detenciones o acusaciones que no han sido comprobados en tribunales.

A la par de las revocaciones, la administración Trump endureció la revisión de quienes solicitan visas, incluido un mayor escrutinio de sus actividades en redes sociales. El Gobierno sostiene que busca proteger la seguridad pública y nacional, pero esta estrategia amplía el poder de las autoridades migratorias y puede convertir acusaciones no probadas en consecuencias graves para extranjeros. Con más de 175 mil visas canceladas, la medida muestra la dimensión de una política migratoria que privilegia el control y la sanción.