El cuarto toque de queda decretado en Ecuador dejó 2 mil 292 personas detenidas en apenas una semana, pero 760 fueron arrestadas únicamente por incumplir la restricción de movilidad. La estrategia de Daniel Noboa vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de recurrir a medidas que pueden terminar castigando a personas sin relación con el crimen, bajo la justificación de combatir la inseguridad.

El gobierno de Daniel Noboa volvió a recurrir a los toques de queda y los operativos militares para enfrentar la violencia del crimen organizado en Ecuador. Durante la primera semana de la restricción nocturna, aplicada en cinco provincias, las autoridades reportaron 2 mil 292 personas detenidas, en una nueva demostración de la apuesta gubernamental por las medidas de fuerza para combatir la inseguridad.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, mil 763 personas fueron detenidas en sus operativos: 760 por incumplir la restricción de movilidad y mil 003 por presuntos delitos relacionados con armas, robos, intimidación y daños materiales. A estas cifras se suman 529 detenciones reportadas por el Ministerio de Defensa, tras mil 567 operaciones militares. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre detener a alguien, acusarlo de un delito y demostrar su culpabilidad: las detenciones no equivalen a condenas ni prueban que todas las personas arrestadas sean delincuentes.

Las autoridades también informaron sobre el decomiso de 216 armas de fuego, mil 907 municiones y casi 612 kilogramos de droga, además de la retención o recuperación de vehículos y motocicletas. No obstante, los resultados de los operativos no pueden medirse únicamente por el número de arrestos o decomisos. Si una parte importante de la población termina detenida por circular durante un horario restringido, la política de seguridad corre el riesgo de convertir la limitación de derechos en su principal herramienta, sin que ello garantice una reducción duradera de la violencia.

Este es el cuarto toque de queda decretado en Ecuador durante 2026 y afecta a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, regiones golpeadas por el crimen organizado. La medida concluirá dos semanas antes de las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que se elegirán alcaldes y prefectos. Mientras Noboa mantiene su declaración de «conflicto armado interno» contra las bandas criminales, queda una pregunta incómoda: ¿de qué sirve presumir miles de detenidos si no se garantiza que sean responsables de delitos y se protege a quienes no han cometido ninguno?Una política de seguridad que sacrifica derechos y confunde detenciones con justicia puede terminar castigando a inocentes sin resolver el problema de fondo.