La participación de Enma Tapia Rivera en un foro sobre justicia abierta contrasta con su resolución judicial a favor del operativo policial que vulneró la soberanía de México en 2024.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incluyó como ponente en un congreso internacional a Enma Tapia Rivera, jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, quien respaldó la legalidad del operativo policial que permitió la irrupción en la embajada mexicana en Quito, el 7 de abril de 2024. Su presencia en un espacio académico de la máxima casa de estudios genera cuestionamientos por su actuación en uno de los episodios más graves de la relación diplomática entre ambos países.
Tapia Rivera participó en el panel De las declaraciones a los hechos: el gran desafío de la justicia abierta en América Latina, realizado durante el tercer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza de la UNAM. Ahí defendió una justicia independiente, transparente y participativa, que acerque las instituciones a la ciudadanía y fortalezca la confianza pública.
Sin embargo, la postura contrasta con su participación en la resolución que consideró legítima, legal y no arbitraria la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba en la sede diplomática mexicana bajo protección de asilo político. La decisión respaldó la actuación de las fuerzas policiales ecuatorianas, pese a la violación de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas.
El fallo también sostuvo que no existía una detención ilegal o arbitraria y acusó que se pretendía confundir a la Corte al insistir en obtener un pronunciamiento sobre el derecho de asilo y las disposiciones de la Convención de Viena, cuyo artículo 22 establece la inviolabilidad de los locales diplomáticos.
La resolución ignoró, además, que el Gobierno de México había presentado públicamente documentos y pronunciamientos oficiales que acreditaban la condición de asilado político de Glas. La presidenta Claudia Sheinbaum también expuso estos elementos ante medios nacionales e internacionales.
Mientras tanto, el exvicepresidente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, donde sus abogados han denunciado un grave deterioro de su salud y episodios en los que habría estado cerca de morir. En este contexto, resulta cuestionable que la UNAM otorgue un espacio de exposición académica a una juzgadora cuya actuación respaldó la vulneración de la soberanía mexicana, sin que ello se refleje en el debate sobre su responsabilidad judicial.
