La resolución establece que los protocolos clínicos pueden servir como referencia para determinar responsabilidades penales, siempre que exista una lesión atribuible a una conducta negligente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las penas de tres a cinco años de prisión para personal médico que, por negligencia, provoque lesiones permanentes a sus pacientes. Por mayoría de votos, el pleno determinó que las sanciones previstas en el Código Penal Federal no vulneran el derecho al ejercicio de la profesión médica.

La resolución derivó de un amparo promovido por un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vinculado a proceso por lesiones culposas luego de que un paciente sufriera una pérdida permanente de movilidad en la pierna derecha tras dos operaciones de columna realizadas en 2017.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el especialista colocó tornillos transpediculares durante la primera intervención y posteriormente realizó una segunda cirugía para recolocarlos. Los dictámenes médicos documentaron las afectaciones permanentes y señalaron posibles incumplimientos de los procedimientos y cuidados exigidos por la práctica profesional.

El proyecto, presentado por la ministra María Estela Ríos González, sostuvo que la responsabilidad penal no surge simplemente porque una operación tenga complicaciones o no alcance el resultado esperado, sino cuando una lesión es consecuencia de una conducta culposa y de la falta de cuidado del profesional.

Durante su defensa, el médico argumentó que la legislación no define con precisión todas las conductas que pueden considerarse lesiones culposas y que recurrir al derecho penal resulta excesivo. Sin embargo, la Corte rechazó estos planteamientos y determinó que los protocolos clínicos permiten evaluar si un especialista actuó conforme a los estándares de su profesión, sin que ello signifique crear nuevos delitos.

El máximo tribunal también aclaró que las sanciones buscan castigar daños graves y permanentes derivados de negligencia, no los riesgos inherentes a la medicina. Con ello, la SCJN confirmó la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y negó el amparo al neurocirujano.