Al menos cinco prestamistas habrían exigido escrituras y otras garantías a trabajadores que buscaban elevar sus pensiones, mientras el IMSS suspendió temporalmente la colocación de estos créditos.

La Modalidad 40 del IMSS se convirtió en un negocio para despachos, patrones y entidades financieras que aprovecharon la falta de controles sobre el origen de los recursos utilizados para incrementar el salario de cotización. Representantes del sector obrero y abogados laborales advirtieron sobre esquemas irregulares que ofrecían pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales mediante créditos y presuntas simulaciones laborales.

De acuerdo con los representantes ante el Consejo Técnico del instituto, fueron identificadas 36 entidades financieras con convenios para otorgar préstamos a trabajadores bajo este esquema. Ante las irregularidades detectadas, el IMSS suspendió temporalmente la colocación de créditos y realizó modificaciones a los acuerdos existentes.

Leslie Baeza, representante del sector obrero, señaló que al menos cinco financieras rebasaron las condiciones autorizadas y exigieron escrituras de propiedades y otras garantías a cambio de préstamos, incluso antes de que el instituto resolviera el otorgamiento de la pensión.

El crecimiento de este esquema también refleja su impacto económico. Según José Luis Carazo, entre diciembre de 2018 y junio de 2026, el número de pensionados bajo esta modalidad aumentó 201 por ciento, al pasar de 252 mil a 798 mil personas. Los recursos destinados a estas pensiones representan alrededor de 251 mil millones de pesos anuales.

Al 31 de julio, había 267 mil 678 asegurados en Modalidad 40. De ellos, 148 mil 292 cotizaban con salarios de entre ocho y diez veces el mínimo, mientras 43 mil 913 recibían pensiones de hasta un salario mínimo, poco más de 10 mil pesos.

El abogado laboral Ricardo Landero Aramburu identificó dos prácticas irregulares: simular relaciones laborales mediante empresas o cooperativas para acumular semanas cotizadas y registrar trabajadores con salarios elevados para después exigirles devolver el dinero. Esta última operación, advirtió, podría facilitar el lavado de dinero. Aclaró que financiar legalmente las aportaciones para mejorar la pensión está permitido, pero falsear empleos no. El IMSS podría solicitar que los beneficiarios acrediten la procedencia de sus recursos.