En México, la justicia no puede seguir teniendo una puerta para la gente común y otra para quienes acumulan fortunas, apellidos influyentes y relaciones en las cúpulas del poder. Mientras millones de personas pasan años buscando que sus denuncias sean escuchadas, hay casos que exhiben las enormes dificultades que enfrenta el Estado para llevar determinadas investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Esa desigualdad lastima a las víctimas, debilita nuestras instituciones y alimenta una indignación social que no podemos seguir ignorando.

El caso de Inéz GMont vuelve a poner esta realidad frente a nosotros. No por su fama ni por su vida privada, sino por la gravedad de las investigaciones que enfrenta y por los recursos públicos que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, estarían involucrados.

El 30 de octubre de 2026 fue detenida en Florida por autoridades migratorias estadounidenses. El 2 de noviembre, la Fiscalía informó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dos más por defraudación fiscal equiparada. De igual forma confirmó que desde septiembre de 2025 había solicitado a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. Las autoridades precisaron que la detención en Florida obedeció a su situación migratoria, no a la ejecución de los mandamientos judiciales mexicanos.

El dato no es menor. Después de años de investigaciones y gestiones internacionales, la detención no fue resultado de la ejecución de las órdenes mexicanas. Y las y los mexicanos tiene todo el derecho a preguntar qué ocurrió durante ese tiempo, qué obstáculos enfrentaron las autoridades y qué resultados pueden ofrecer. Exigir respuestas no es prejuzgar; es ejercer nuestro derecho a pedir cuentas.

La Fiscalía ha señalado que el caso involucra contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de la prevención y readaptación social federal, además de un presunto esquema de desvío de recursos mediante empresas fantasma y operaciones de triangulación. Estamos hablando de miles de millones de pesos del dinero de los mexicanos, no de una irregularidad administrativa menor. Por eso, sería inadmisible que la investigación se conformara con señalar a las figuras más visibles y dejara fuera a quienes autorizaron, operaron, facilitaron o se beneficiaron de esas operaciones. 

La ruta del dinero debe seguirse hasta el último responsable, sin importar su apellido, cargo o poder económico. Es imperante saber quién autorizó los contratos, quién facilitó las operaciones, quién recibió los beneficios y quién pudo haber intervenido para ocultar el destino de los recursos. Los servidores públicos, contratistas, intermediarios y particulares que resulten responsables deben responder individualmente ante los tribunales. Ningún apellido debe servir de escudo, ninguna relación debe convertirse en salvoconducto.

No escribo para anticipar culpabilidades. La presunción de inocencia, el valor de la prueba y el debido proceso son garantías irrenunciables. Pero respetar esos principios no significa guardar silencio frente a la falta de resultados ni aceptar investigaciones incompletas. Una cosa es respetar los derechos de las personas investigadas y otra muy distinta permitir que el poder económico o político condicione la actuación de las instituciones.

El dinero público no es propiedad de ninguna familia, empresario o funcionario. Es el dinero de las mexicanas y los mexicanos. Detrás de cada peso que presuntamente se desvía hay necesidades que siguen esperando: hospitales, escuelas, servicios públicos y comunidades que no reciben lo que les corresponde. El saqueo del erario, cuando se acredita, no es un asunto entre particulares: es una agresión al patrimonio de toda la nación.

Mi preocupación por estas desigualdades también nace de una experiencia personal. Fui víctima de violencia sexual por parte de sujetos que se escudaban en sus “influencias” y “poder”. Conocí, y continúo conociendo, las dificultades de buscar justicia frente a redes de corrupción, delincuentes de “cuello blanco” y autoridades judiciales y ministeriales que, en algunos casos, pueden convertirse en la parte más decepcionante y dolorosa del problema. Sé en carne propia lo que significa denunciar cuando los que nos hicieron daño, parecen tener más recursos, relaciones y posibilidades de ocultar sus delitos y quedar impunes.

Pero esa experiencia no me define, ni me ha hecho perder la confianza en quienes, desde el servicio público, sí estamos dispuestos a investigar, llegar a la verdad y sancionar a quienes resulten responsables. Ser sobreviviente de violencia y hoy jueza penal federal, ha fortalecido mi convicción de que nadie debe enfrentar desventajas, desigualdades, ni obstáculos ante la ley por carecer de dinero o influencias.

No descarten la línea más” probable”: la figura pública de Inés GMont pudo ser el simple escudo de una estructura criminal más pesada, operada por hombres con poder e intereses propios. La investigación tiene que escarbar hasta el fondo, señalar con pruebas a cada operador y aplastar cualquier intocable. Que caiga la cara visible, no sirve de nada si los verdaderos titiriteros se quedan en la sombra.

Esa misma brutalidad para investigar debe aplicar cuando una mujer denuncia violencia o cuando, siendo inocente, la tienen en prisión sin pruebas, sin sentencia. Ninguna mujer debería estrellarse contra la realidad de que su agresor pesa más por sus influencias, su cartera o su apellido. Hacen falta instituciones que investiguen sin arrodillarse ante nadie, que protejan a la víctima y no permitan que el poder del rival le juegue en contra a quien busca justicia.

Hay que decirlo sin rodeos: México no puede seguir tolerando que quienes tienen dinero, relaciones o acceso a las cúpulas del poder encuentren caminos para evadir sus responsabilidades, mientras la gente común enfrenta sola el peso de las instituciones. Quienes se aprovechan del erario, utilizan sus influencias para obstaculizar la justicia o lastiman a quienes se atreven a denunciarlos no pueden seguir encontrando refugio en sus apellidos, sus fortunas o sus amistades. La riqueza no es un delito; utilizar el poder para colocarse por encima de la ley, sí es un problema que el país tiene la obligación de combatir.

No necesitamos una justicia que se ensañe con los débiles, ni que se incline ante los poderosos. Necesitamos una justicia que investigue sin miedo, juzgue sin presiones y proteja los derechos de todas las personas. Una justicia que no se compre, no se venda y no se acomode a la conveniencia de quienes creen que México les pertenece.

Que el nombre de Inéz GMont no sea la cortina de humo para dar el caso por cerrado. La justicia no se negocia ni se maquilla: si hay delito, que caigan los verdaderos responsables, llámense como se llamen y tengan los millones que tengan; si hay inocencia, que la verdad procesal se imponga con pruebas irrefutables sobre la mesa. México no necesita chivos expiatorios para el espectáculo, ni intocables al amparo del poder.

Porque ningún apellido está por encima de la ley, ningún peso del erario pertenece a los privilegiados y ninguna víctima debería necesitar influencias para conseguir justicia.