Las protestas estudiantiles en Francia se intensificaron por reclamos relacionados con las condiciones de las aulas, los horarios y la falta de profesores, mientras el Gobierno de Emmanuel Macron cuestiona la violencia registrada y exige a los padres intervenir ante la participación de menores.
Las movilizaciones comenzaron la semana pasada en la región de París y posteriormente se extendieron a distintos puntos de Francia. Los estudiantes de secundaria han bloqueado accesos a sus centros educativos para denunciar horarios excesivamente largos, aulas con condiciones inadecuadas —incluido el calor durante el verano— y la falta recurrente de personal docente.
El movimiento escaló durante los últimos días, con barricadas, enfrentamientos con la policía, daños materiales y algunos incendios. Según las autoridades francesas, 1,949 personas han sido detenidas, alrededor del 90 por ciento de ellas menores de edad, mientras al menos 65 trabajadores de centros educativos resultaron heridos. Como consecuencia, cerca de 400 de los 3 mil 700 liceos del país permanecerán cerrados.
El Gobierno sostiene que las demandas originales de los estudiantes son legítimas, pero acusa a grupos marginales de haber llevado las movilizaciones hacia actos violentos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, pidió a los padres que eviten que sus hijos acudan a las manifestaciones, mientras el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, advirtió que la respuesta judicial incluirá la exigencia de responsabilidad civil a los padres por los daños ocasionados por sus hijos.
Ante la escalada, el Gobierno francés convocó a sindicatos docentes, asociaciones de padres y representantes de la comunidad educativa para abordar la situación. Las autoridades insisten en que las demandas de los jóvenes deben ser escuchadas, pero consideran que los ataques contra profesores, transporte y edificios públicos han convertido parte de las protestas en un problema de orden público.
