El organismo asegura que solo 64 de 157 solicitudes adicionales cumplieron los requisitos legales para recibir el beneficio.
El Órgano de Administración Judicial confirmó que ya liquidó a 742 jueces y magistrados que dejaron su cargo tras la reforma judicial. Fuentes del organismo detallaron que 679 recibieron su pago durante 2025 y 63 más en lo que va de este año.
Según estas fuentes, cubrir ambos ejercicios generó ahorros históricos en el Poder Judicial de la Federación por más de 4 mil 600 millones de pesos. Añadieron que este año el presupuesto asignado al Poder Judicial sufrió un recorte de 16 mil millones de pesos, tal como lo señaló antes Néstor Vargas Solano, titular del OAJ.
Por esa razón, el organismo sostiene que no existe deuda con los togados que protestaron esta semana frente a sus instalaciones. Explicaron que ninguno de ellos cumple los requisitos legales que marca la reforma para acceder al pago.
Desde inicios de año, el OAJ instaló una mesa de trabajo con exjuzgadores y sus representantes para revisar solicitudes adicionales de pago. De 157 peticiones analizadas bajo este mecanismo, solo 64 resultaron procedentes. Las 93 restantes quedaron fuera de la normativa.
Las causas más comunes de rechazo incluyen renuncias presentadas antes del plazo correspondiente y jubilaciones tramitadas con anterioridad. También se excluyó a quienes no declinaron su participación en la elección extraordinaria de 2025 ante el Senado, así como a quienes aún ocupan su plaza.
El OAJ también desmintió las cifras que han circulado entre los inconformes. Aseguraron que no son 100 los juzgadores sin indemnización ni 125 los que esperan su pensión complementaria. Calificaron esos números como falsos.
Cada caso de improcedencia, indicaron, fue notificado por oficio de manera individual. En cada documento se explica por qué el solicitante no cumple con el supuesto jurídico necesario para recibir la indemnización o la pensión.
Finalmente, el organismo insistió en un punto que ha marcado toda la disputa. Los togados en retiro no son trabajadores del Poder Judicial, sino patrones sustitutos. Por eso, aseguran, no se vulnera ningún derecho laboral en este proceso.
