El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva privatización de infraestructura estratégica, con beneficios para grandes inversores y concesiones que alcanzarán medio siglo.

El gobierno de Javier Milei anunció una licitación nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza, en una operación que abarcará 7 mil 594 kilómetros de vías en 16 provincias y conectará regiones productivas con los principales puertos argentinos y países como Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

La medida, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, es presentada como una apuesta por la inversión privada y la modernización del sistema ferroviario. Sin embargo, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo se supone que el Estado se retira de los negocios mientras entrega durante medio siglo infraestructura construida con recursos públicos? La famosa “motosierra” de Milei, ahora, también parece haber encontrado vías sobre las cuales pasar.

El esquema contempla acceso abierto para que distintas empresas utilicen las vías mediante el pago de tarifas, mientras los concesionarios asumirán la operación de la infraestructura y deberán cumplir determinados compromisos de inversión. Además, quienes inviertan al menos 200 millones de dólares podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), es decir, más facilidades para los grandes capitales.

El gobierno argentino también vuelve a una receta que ya tiene antecedentes. El Belgrano Cargas fue privatizado en 1999, durante el gobierno de Carlos Menem, mediante una concesión de 30 años. Tras años de deterioro, el servicio terminó intervenido y posteriormente regresó al control estatal en 2013. Si aquella privatización terminó en fracaso, Milei parece tener una peculiar forma de aprender de la historia: volver a intentarlo, pero ahora por 50 años.

La red resulta estratégica para el transporte de producción agroindustrial, minera e industrial hacia los puertos y mercados internacionales. Por ello, la disputa no se limita a quién administra los trenes, sino a quién controlará una pieza clave de la logística argentina. Mientras el gobierno habla de eficiencia y modernización, la crítica apunta a una contradicción central del modelo libertario: el Estado “no sirve para hacer negocios”, pero sí para preparar el terreno, otorgar beneficios y entregar infraestructura pública a los privados.