México ha vivido durante los últimos años una transformación económica, política y social que merece analizarse con seriedad, más allá de las simpatías partidistas y de las confrontaciones que diariamente ocupan buena parte de los espacios informativos. La llegada de la llamada Cuarta Transformación al gobierno federal, primero con Andrés Manuel López Obrador y posteriormente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abrió una discusión que considero fundamental: ¿qué clase de país queremos construir y para quién debe trabajar el desarrollo económico?

Durante décadas, México fue presentado ante el mundo como una nación atractiva para la inversión extranjera por su ubicación geográfica, sus recursos naturales y, particularmente, por el bajo costo de su mano de obra. Muchas empresas encontraron condiciones favorables para instalarse, producir y exportar. Sin embargo, esa competitividad no siempre se tradujo en mejores condiciones de vida para millones de trabajadores mexicanos. Crecimos industrialmente, pero permanecieron profundas desigualdades económicas y sociales.

La política económica de los últimos años ha intentado modificar parte de esa relación, colocando el ingreso de los trabajadores y el bienestar de las familias de menores recursos entre las prioridades nacionales. Los resultados pueden observarse en las estadísticas oficiales. De acuerdo con el INEGI, la pobreza multidimensional pasó del 41.9 por ciento de la población en 2018 al 29.6 por ciento en 2024, una disminución equivalente a aproximadamente 13.4 millones de personas. No estamos hablando de una simple declaración política, sino de una variación significativa en las condiciones económicas y sociales del país.

A ello se suma la recuperación del salario mínimo, que durante muchos años permaneció rezagado frente al costo de la vida. Para 2026, el salario mínimo general alcanzó los 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estima que la recuperación de su poder adquisitivo desde 2018 supera el 150 por ciento. Son resultados que merecen reconocerse y estudiarse, particularmente porque durante décadas se sostuvo que incrementar considerablemente los salarios pondría en peligro la competitividad nacional.

Desde luego, sería incorrecto atribuir toda la reducción de la pobreza exclusivamente a los programas sociales. También han influido el empleo, los ingresos laborales, las remesas y otros factores económicos. Pero sería igualmente incorrecto ignorar que la política salarial y las transferencias sociales han formado parte de una estrategia deliberada para mejorar los ingresos de los hogares.

Y aquí quisiera detenerme en un asunto que considero esencial. En México se ha pretendido identificar cualquier política de apoyo a los pobres como una expresión de izquierda radical. Sin embargo, Estados Unidos, una de las mayores economías capitalistas del mundo, mantiene programas de asistencia alimentaria, servicios médicos para población de bajos ingresos, pensiones, créditos fiscales y apoyos habitacionales. La existencia de una red de protección social no convierte automáticamente a una nación en socialista. Lo verdaderamente importante es analizar cómo se financian esos programas, a quién benefician y cuáles son sus resultados.

Tampoco debemos confundir austeridad gubernamental con abandono de las responsabilidades del Estado. En un país donde millones de personas han enfrentado pobreza, resulta difícil justificar que los servidores públicos disfruten de privilegios extraordinarios financiados con recursos de todos. La reducción de determinados lujos, prestaciones especiales y gastos superfluos puede representar una decisión administrativa y también un mensaje de responsabilidad pública. Eso no significa que todo el gasto gubernamental haya disminuido ni que la corrupción haya desaparecido; significa que debemos distinguir entre los recursos necesarios para gobernar y aquellos destinados a privilegios injustificables.

Pero la transformación que México necesita va mucho más allá de los presupuestos y de las estadísticas. Durante generaciones hemos permitido que el clasismo y la discriminación formen parte de nuestras relaciones sociales. En determinados sectores se llegó a considerar símbolo de éxito económico contar con trabajadores domésticos a quienes se pagaban salarios muy bajos, frecuentemente sin seguridad social ni prestaciones. ¿Cómo podemos exigir mejores salarios para nosotros mientras pretendemos que las personas que limpian nuestras casas, preparan nuestros alimentos o cuidan a nuestras familias continúen trabajando en condiciones precarias?

Una sociedad más justa no significa que todos debamos tener la misma riqueza. Significa que cualquier persona, independientemente de su origen, apellido, color de piel o actividad laboral, tenga la oportunidad de vivir dignamente, educar a sus hijos, recibir atención médica y aspirar a un patrimonio propio. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar representan un avance en esa dirección, aunque su cumplimiento efectivo continúa siendo una tarea pendiente.

También debemos preguntarnos qué entendemos por desarrollo. México no necesita convertirse en una reproducción de las grandes ciudades estadounidenses, donde en muchas regiones la expansión urbana ha producido largas distancias, dependencia del automóvil y horas perdidas diariamente entre carreteras y centros de trabajo. Nuestro país puede construir infraestructura moderna, desarrollar tecnología, atraer industrias y mejorar su productividad sin renunciar a sus plazas, mercados, barrios, centros históricos, tradiciones y espacios naturales.

La riqueza de México no está solamente en sus fábricas, sus exportaciones o sus grandes inversiones. Está también en sus pueblos, en las comunidades indígenas, en la extraordinaria diversidad de sus regiones, en su gastronomía, su historia, su arquitectura y sus recursos naturales. No debemos confundir modernización con la desaparición de nuestra identidad. Un país verdaderamente próspero debería permitir que sus habitantes vivan mejor sin tener que sacrificar aquello que los identifica.

Por supuesto, la transformación social no está concluida. Persisten problemas de informalidad laboral, acceso a servicios médicos, inseguridad, productividad, corrupción y desigualdad regional. Reconocer los avances no exige guardar silencio sobre los pendientes. Por el contrario, una evaluación responsable del gobierno debe permitir identificar lo que funciona, corregir lo que falla y exigir resultados verificables.

Y precisamente hablando de responsabilidad, quisiera hacer una pausa para referirme a un tema que considero indispensable para la vida democrática de nuestro país: el ejercicio del periodismo.

Siempre he considerado que un buen periodista se distingue por la profundidad de sus investigaciones, la calidad de sus fuentes, la veracidad de su información y, sobre todo, por el respeto que demuestra hacia su público. El periodismo no adquiere mayor valor porque un comunicador insulte, humille o ridiculice a un hombre o a una mujer. La crítica puede ser firme, incómoda y contundente sin necesidad de convertirse en una agresión personal.

Me preocupa observar cómo ciertos espacios de comunicación han sustituido la investigación por el enfrentamiento, la argumentación por el insulto y el análisis por expresiones que solamente alimentan el resentimiento social. La ofensa reiterada no demuestra necesariamente conocimiento ni valentía; con frecuencia empobrece la discusión pública y transmite hostilidad a una sociedad que necesita información confiable.

Quiero ser absolutamente claro: estoy en contra de la censura. La libertad de expresión constituye una garantía indispensable y debe proteger incluso las opiniones más críticas hacia el poder. Pero libertad de expresión no significa ausencia de responsabilidad profesional. Considero necesario fortalecer los mecanismos de autorregulación periodística, los códigos de ética, los derechos de las audiencias y las vías legales para responder a la difusión de información falsa o a posibles afectaciones al honor, siempre mediante procedimientos independientes, transparentes y respetuosos de las garantías constitucionales.

La Secretaría de Gobernación y las instituciones competentes deberían prestar atención a la calidad del debate público y promover condiciones para un periodismo responsable, sin convertirse jamás en autoridades encargadas de decidir qué opiniones pueden publicarse. La diferencia es fundamental: regular dentro de los límites constitucionales no es censurar, y proteger a las audiencias no debe convertirse en un pretexto para silenciar a los periodistas.

En otro orden de ideas, la reciente detención de Iván Cazarín Molina, conocido como El Tanque, abre un capítulo de especial interés para las investigaciones sobre las estructuras del crimen organizado en México. Su captura en Zapopan, Jalisco, fue informada por las autoridades federales, que lo identifican como un presunto operador relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El caso adquiere particular importancia porque no se limita a las acusaciones relacionadas con actividades violentas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había impuesto sanciones a Cazarín Molina y a una red empresarial vinculada con él, lo que coloca sobre la mesa la dimensión financiera de las organizaciones criminales. El narcotráfico, el robo de combustibles, las operaciones comerciales y el posible lavado de dinero obligan a mirar más allá de quienes ejecutan materialmente los delitos.

Por sus antecedentes y por las regiones en las que presuntamente operaba, entre ellas Veracruz y Jalisco, resulta pertinente preguntarse hasta dónde llegaron sus relaciones económicas, quiénes participaron conscientemente en operaciones ilícitas y qué información podrán obtener las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero debemos ser responsables: la existencia de relaciones comerciales o personales, por sí sola, no demuestra participación delictiva. Corresponderá a las investigaciones identificar responsabilidades concretas y presentarlas ante los tribunales.

La cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses resulta especialmente relevante en este caso. Si las investigaciones logran reconstruir rutas financieras, operaciones comerciales y posibles redes de protección, podrían abrirse nuevas líneas de investigación. No sería responsable anticipar detenciones ni atribuir delitos a personas que no han sido formalmente señaladas por las autoridades.

La operación encabezada por las instituciones federales de seguridad, bajo la coordinación del secretario Omar García Harfuch, representa un resultado operativo concreto que merece atención. Pero el verdadero alcance de una detención de esta naturaleza se conocerá cuando las investigaciones permitan determinar responsabilidades, obtener sentencias y, en su caso, desarticular las estructuras económicas que sostienen a estas organizaciones.

México necesita combatir la delincuencia no solamente con detenciones, sino también con inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, instituciones confiables y procedimientos judiciales sólidos. Una organización criminal no se sostiene únicamente por quienes portan armas; también necesita recursos, operaciones económicas y mecanismos para introducir dinero ilícito en actividades aparentemente legales. Investigar esas estructuras, respetando la presunción de inocencia, es indispensable para enfrentar el problema de fondo.

Regresando al tema central, considero que México atraviesa una etapa en la que vale la pena evaluar con objetividad sus cambios económicos y sociales. Los resultados en reducción de pobreza y recuperación salarial son relevantes, pero no representan el final del camino. La verdadera transformación deberá medirse también por la calidad de los servicios públicos, la seguridad de las familias, la fortaleza de las instituciones, la protección del medio ambiente y las oportunidades que encuentren las nuevas generaciones.

México no necesita renunciar a su identidad para convertirse en una nación más próspera. Tampoco necesita mantener a millones de personas con salarios bajos para atraer inversión, ni conservar privilegios sociales para demostrar éxito económico.

Necesitamos un país donde trabajar permita vivir, donde emprender permita prosperar, donde gobernar signifique servir y donde informar implique investigar antes de acusar.

Porque al final, el progreso de una nación no debería medirse únicamente por la riqueza que produce, sino también por la dignidad con la que viven sus habitantes, la justicia de sus instituciones y la capacidad de conservar aquello que la hace única.

Y México tiene mucho que conservar, pero también mucho que transformar.