El gobierno de Chihuahua dejó atrás un programa que entregó cientos de miles de uniformes y útiles a estudiantes, mientras la gobernadora promueve en redes sociales un reto para que funcionarios donen mochilas y material escolar.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, eliminó los programas de uniformes y útiles escolares gratuitos implementados durante la administración de Javier Corral y ahora impulsa una estrategia basada en donativos para apoyar a estudiantes de escasos recursos.

A días del regreso a clases, Campos se sumó al llamado “Reto útil”, promovido por el DIF municipal, mediante el cual funcionarios son invitados a donar mochilas y útiles para niñas y niños de preescolar y primaria. La mandataria fue nominada por el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, y posteriormente retó a otros funcionarios a participar.

El contraste resulta evidente. Durante el gobierno de Javier Corral, el programa de uniformes escolares entregó 634 mil paquetes a estudiantes de escuelas públicas en situación vulnerable, con una inversión de 350 millones 258 mil pesos. Cada paquete incluía chamarra, pantalonera, camiseta tipo polo y tenis. Además, 518 mil 523 alumnos recibieron útiles escolares mediante una inversión de 43.8 millones de pesos.

El programa también tenía un impacto económico local. Desde el ciclo 2020-2021, la confección de los uniformes se realizó completamente en Chihuahua, con la participación de 60 talleres de costura y cerca de 600 personas de distintos municipios. La medida buscaba reducir el gasto de las familias y, al mismo tiempo, generar empleos en las comunidades.

Ahora, en lugar de mantener una política pública permanente, la administración de Campos recurre a retos y donaciones para cubrir necesidades escolares. El cambio ha generado críticas, particularmente porque la gobernadora presume estas acciones en redes mientras, según la publicación, su administración habría destinado 3 mil 342 millones de pesos al pago de medios durante cinco años. La pregunta queda servida: ¿por qué pedir útiles a funcionarios cuando antes existía un programa público que beneficiaba directamente a las familias?