Alejandro Rocha Laureano recibió una condena de cinco años y seis meses, pero permaneció recluido desde 2018. Mientras tanto, el exgobernador Mario Marín continúa preso por el caso que exhibió la persecución contra la periodista.
El excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, quedó en libertad tras ser sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por su participación en la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurridas en 2005. La autoridad judicial ordenó su excarcelación al determinar que ya había cumplido la pena impuesta, luego de permanecer recluido casi ocho años.
Rocha Laureano fue detenido en diciembre de 2018 en Puebla por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando todavía trabajaba como agente de la Fiscalía estatal. Las investigaciones lo señalaron por presuntamente coordinar parte del operativo y ordenar el relevo de los policías que trasladaban a la comunicadora desde Cancún hasta Puebla.
De acuerdo con información difundida por el periodista Edmundo Velázquez, la defensa del exmando policial anunció que no emprenderá acciones legales contra Cacho, pese a que su representado permaneció en prisión preventiva durante un periodo superior al de la condena. Su liberación vuelve a poner bajo la lupa la respuesta judicial ante uno de los casos más emblemáticos de persecución contra la prensa en México.
El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Quintana Roo tras publicar Los demonios del Edén, libro en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil vinculada con el empresario Jean Succar Kuri y mencionó relaciones de protección entre figuras empresariales y políticas. Durante el traslado de más de 20 horas a Puebla, la periodista denunció amenazas, incomunicación y tortura física y psicológica.
El escándalo creció tras difundirse conversaciones entre el empresario Kamel Nacif y el entonces gobernador poblano Mario Marín Torres, conocido como el góber precioso, en las que se aludía al encarcelamiento de la periodista. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que México había violado los derechos de Cacho y exigió medidas de reparación y sanción.
A diferencia de Rocha Laureano, Mario Marín permanece recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa su proceso judicial. La liberación del expolicía reaviva los cuestionamientos sobre la justicia para Lydia Cacho, quien recibió una disculpa pública del Estado mexicano y ha tenido que salir del país por motivos de seguridad.
