La presidenta pidió esclarecer quién ordenó las agresiones durante una protesta por agua contaminada y llamó a sancionar a los responsables; también solicitó investigar abusos policiales en Guanajuato.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las presuntas torturas cometidas por policías de Jalisco contra jóvenes detenidos durante una protesta por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante su conferencia matutina, la mandataria condenó el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y presuntos actos de tortura contra los manifestantes, y sostuvo que ninguna fuerza de seguridad puede recurrir a estas prácticas, especialmente durante una detención. También exigió que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dé una explicación sobre lo ocurrido.

Sheinbaum señaló que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los hechos y pidió esclarecer quién dio las órdenes, por qué se cometieron las agresiones y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados. Asimismo, planteó que la CNDH entreviste directamente a las víctimas para reconstruir lo sucedido.

La presidenta advirtió que la tortura y la represión no pueden tener cabida en México y sostuvo que los abusos contra jóvenes deben investigarse y sancionarse, sin permitir la impunidad. Además, subrayó que los gobiernos estatales tienen responsabilidad sobre la actuación de sus corporaciones policiales.

La mandataria también pidió investigar presuntos abusos cometidos por policías en Guanajuato, entre ellos agresiones contra un periodista, seis universitarios y una mujer, así como el asesinato de un joven obrero. Consideró que tanto la CNDH como la Fiscalía General de la República (FGR) podrían intervenir en estos casos.

“Nosotros, que venimos luchando contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, sostuvo Sheinbaum, al insistir en que las autoridades deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que estos actos no queden impunes.