Existe una trampa retórica muy extendida en el debate público latinoamericano: señalar los defectos de los sindicatos para concluir que deberían desaparecer. Lo curioso es quién repite con más entusiasmo ese catálogo de reproches no suelen ser los trabajadores precarizados que sueñan con una organización que los respalde, sino los empresarios, los economistas del libre mercado y la ultraderecha, para quienes un sindicato débil o inexistente es la condición ideal de un negocio rentable. Que coincidan los diagnósticos no es casualidad, y vale la pena preguntarse a quién le sirve realmente ese coro.

Conviene empezar por una aclaración que el sindicalismo mismo debería hacer con más frecuencia: no hay nada de infalible ni de naturalmente revolucionario en estas organizaciones. Han existido y existen sindicatos burocratizados, dirigencias que negocian a espaldas de sus bases, líderes que se eternizan y gremios convertidos en correas de transmisión de los gobiernos o de las empresas. México conoce esa historia mejor que casi nadie, con décadas de charrismo sindical que usó la representación obrera como instrumento de control. Pero de ahí no se sigue que la solución sea liquidar la herramienta. Cuando una institución falla, quienes dependen de ella la reforman; quienes se benefician de su ausencia, la entierran.

El argumento de fondo es material, no ideológico. Bajo el capitalismo, el trabajador individual negocia desde la desventaja: necesita el salario para comer, mientras que el empleador puede prescindir de una persona y sustituirla por otra. En ese mercado, la competencia entre los propios trabajadores funciona como un mecanismo de abaratamiento. Cada quien, aislado, está tentado a aceptar un poco menos que su compañero con tal de conservar el puesto, y esa carrera hacia abajo termina beneficiando a quien contrata. El sindicato rompe esa lógica al sustituir la puja individual por una negociación colectiva. No elimina el conflicto entre capital y trabajo, pero lo equilibra lo suficiente para que el salario, la jornada y las condiciones de seguridad dejen de ser una concesión graciosa y se conviertan en un derecho exigible.

Hay además una función menos visible y quizá más importante: el sindicato es la escuela primaria de la conciencia de clase. Nadie nace entendiendo que su problema particular, el jefe abusivo, el turno interminable, el despido sin explicación, forma parte de una estructura compartida. Esa comprensión se aprende en la asamblea, en la huelga, en la experiencia de descubrir que otros viven lo mismo y que juntos se puede lograr lo que por separado resulta imposible. Un trabajador que pasa por esa experiencia deja de verse como una víctima aislada y empieza a verse como parte de un sujeto colectivo.

En América Latina esta discusión tiene un peso histórico particular. Las conquistas que hoy se dan por sentadas, la jornada de ocho horas, el descanso semanal, la seguridad social, la prohibición del trabajo infantil, no fueron regalos del progreso ni resultados espontáneos del mercado. Fueron arrancadas mediante huelgas, paros y movilizaciones que muchas veces se pagaron con cárcel, despidos y muertes.

La respuesta a un sindicato burocratizado, entonces, no puede ser su disolución, que es justamente lo que celebran los neoliberales. Debe ser su democratización radical desde las bases: asambleas reales, rendición de cuentas, rotación de dirigencias y construcción de corrientes autónomas capaces de disputar la conducción a quienes se han acomodado.

El segundo desafío es ampliar el horizonte de la organización. El sindicalismo histórico se construyó sobre la fábrica, el empleo estable y el contrato indefinido, y esa base se ha reducido. Hoy millones trabajan en plataformas digitales, bajo esquemas de tercerización o en la informalidad, sin contrato, sin prestaciones y sin ninguna protección colectiva. Un movimiento sindical que se limite a defender a los ya protegidos corre el riesgo de convertirse en el club de una minoría privilegiada, y entonces la crítica de que no representa a nadie empezaría a tener algo de razón. Organizar repartidores, subcontratados y trabajadores informales no es una opción de modernización: es la condición para que el sindicalismo siga siendo relevante.

Defender a los sindicatos, por tanto, no exige ninguna fe ideológica ni idealización de sus dirigentes. Exige, simplemente, mirar el mundo como funciona: quien vende su trabajo para vivir y negocia solo, pierde. La ultraderecha contemporánea lo sabe, y por eso apunta contra la organización colectiva con tanta puntería. Quien repite sus consignas sin examinarlas tal vez crea estar criticando a una burocracia, cuando en realidad está ayudando a desarmar la única trinchera que su clase ha tenido para protegerse. Reformar el sindicato sí; enterrarlo, jamás.