Una investigación de Associated Press reveló que agentes vigilaron cargamentos de hasta cientos de miles de pastillas sin decomisarlos, mientras las autoridades buscaban fortalecer investigaciones contra redes de narcotráfico.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga a la Administración de Control de Drogas (DEA) por una estrategia que habría permitido que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las calles con el objetivo de construir casos penales de mayor alcance. El presidente del comité, James Comer, solicitó al Departamento de Justicia registros relacionados con esta práctica.
La pesquisa se concentra en Nuevo México, donde informantes de la DEA denunciaron que agentes recibieron instrucciones para no interceptar cientos de miles de pastillas de fentanilo. Comer calificó como “inconcebible” una política que permita que cargamentos conocidos circulen sin ser decomisados y advirtió que pudo haber provocado daños y pérdidas de vidas.
Una investigación de Associated Press documentó que agentes de la DEA vigilaron grandes cargamentos entre 2023 y 2025 mientras las autoridades construían investigaciones contra presuntas redes de distribución. La práctica, conocida como dejar que las drogas “caminen”, permitió seguir los cargamentos para identificar a otros integrantes de las organizaciones criminales, en lugar de detenerlos inmediatamente.
El Departamento de Justicia modificó en 2024 sus protocolos de actuación y otorgó a los agentes mayor discrecionalidad para decidir cuándo impedir el tráfico de fentanilo, bajo el argumento de preservar investigaciones de largo plazo. La política contrasta con las medidas adoptadas en 2017, que establecían decomisar o impedir la distribución de esta droga tan pronto como fuera posible.
La estrategia quedó bajo mayor escrutinio después de que autoridades federales anunciaran en mayo de 2025 el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, con alrededor de 3 millones de pastillas incautadas. Sin embargo, denunciantes sostienen que la red investigada pudo haber sido desmantelada meses antes. El inspector general del Departamento de Justicia ya inició una revisión nacional para determinar si la misma práctica fue utilizada en otras investigaciones.
El caso también enfrenta al gobierno federal con autoridades estatales. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda para obtener registros sobre la estrategia, mientras la DEA defiende que sus investigaciones son complejas y de largo plazo. La controversia ocurre en medio de la crisis de fentanilo, considerada la epidemia de drogas más letal en la historia de Estados Unidos.
