El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardiel reveló que 42 municipios no comprobaron el destino de 5 mil 200 millones de pesos. También propuso una plataforma para frenar la falta de información.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 9 mil millones de pesos sin aclarar en la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025. El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardiel presentó los resultados ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, en la Cámara de Diputados.
La entrega reúne 374 informes individuales. De ellos, 286 corresponden a entidades federativas, 46 a dependencias federales y 42 a municipios. En conjunto, los equipos de auditoría no lograron cerrar cuentas por más de 9 mil millones de pesos.
En el ámbito federal, dos casos llamaron la atención del auditor. El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios presentó movimientos financieros y gastos de operación sin explicación suficiente. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México también dejó dudas. Entre ambos suman 2 mil 327 millones de pesos observados, y deberán justificarlos ante las instancias de fiscalización.
Los estados y municipios, además, concentran uno de los mayores retos. Hernández Palacios explicó que los gobiernos locales dejaron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, sobre todo en educación y salud.
Antes de que terminaran las revisiones, las entidades devolvieron mil 132 millones de pesos. Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California encabezan la lista. El sector salud recibió la mayor parte, con 553 millones de pesos. Ese dinero puede traducirse en medicamentos, insumos, equipo y mejor atención para los pacientes.
El panorama es más serio en los municipios. Actualmente, la ASF revisa de forma directa a más de mil 200 municipios y alcaldías, y presentará la mayoría de esos resultados en febrero de 2027. Por ahora, el órgano auditó 42 gobiernos locales y revisó el 100 por ciento de los recursos federales que recibieron. Ninguno pudo acreditar el destino de ese dinero, que suma más de 5 mil 200 millones de pesos.
Muchas veces la falta de información coincide con un cambio de administración. Por eso, el auditor propuso crear una plataforma digital. Las autoridades salientes subirían ahí las cuentas públicas pendientes, directamente a los servidores de la ASF. Quien se niegue a entregar datos para frenar las revisiones enfrentará, según advirtió, “todo el rigor de la ley”.
Hernández Palacios también destacó los convenios que firmó con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y con la Comisión Nacional Antimonopolio. En su opinión, una fiscalización efectiva debe tener consecuencias. A solo seis meses de iniciar su gestión, la ASF presentó 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Además, con sus nuevas atribuciones, el órgano presentó por primera vez tres denuncias penales sobre auditorías que aún siguen abiertas.
