El auditor Aureliano Hernández asegura que ya mapeó cómo se movió el dinero. El informe también señala un esquema en Sinaloa con una constructora de los hijos de Rocha Moya.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal contra el gobierno de Nuevo León ante la Fiscalía General de la República (FGR). Según la ASF, la administración estatal habría triangulado más de 7 mil 200 millones de pesos hacia empresas, un despacho jurídico y una firma relacionada con el gobernador Samuel García y su padre.
La denuncia se interpuso el 16 de octubre, según el listado que publica la propia auditoría. La ASF la incluyó en su informe de la cuenta pública 2025, dentro de la revisión del gasto estatal de ese año. El documento trae el organigrama del presunto desvío. Según el informe, ese dinero habría permitido al gobernador comprar una propiedad de mil millones de pesos.
El auditor Aureliano Hernández fue directo. “Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, dijo. Explicó que en Nuevo León y Sinaloa encontraron esquemas de triangulación y simulación de operaciones. En ambos casos, los pagos a proveedores terminarían en cuentas de personas con vínculos familiares con servidores públicos.
Para seguir el rastro del dinero, el informe incluye un diagrama de las transferencias. El gobierno estatal hizo cuatro movimientos de fondos. De ellos, 928.13 millones llegaron al despacho jurídico ligado a Samuel García y a su padre, Samuel Orlando.
El primer camino es el más grande. El gobierno estatal transfirió 5 mil 851 millones a una constructora. Esa empresa mandó 5 mil 154.6 millones a otra compañía, que entregó 385.3 millones al despacho de los García.
El segundo camino parte de una comercializadora. El gobierno le pagó 964 millones, y de ahí 237 millones llegaron a una empresa de alimentos. Esa firma envió 202.9 millones al despacho. El resto del dinero terminó en manos de tres particulares.
Además, el gobierno pagó 243 millones a una empresa de servicios. Esa compañía pasó 65.5 millones a una consultoría, que se quedó con 2.6 millones y entregó lo demás al despacho.
Por último, el gobierno transfirió 154.2 millones a otra empresa. Esa firma pagó 144.4 millones a una compañía de equipamiento, y de esa suma 77.03 millones llegaron al despacho jurídico.
Por otra parte, el reporte también revisa el caso de Sinaloa. Allí, entes públicos estatales y municipales dieron contratos de obra a una constructora de los hijos del exgobernador Rubén Rocha Moya. Uno era accionista y administrador único, y el otro, apoderado legal.
Según la ASF, la empresa recibió depósitos muy superiores a su obra pública y movió fondos entre cuentas propias. Después de que los hijos salieron de la empresa, la constructora les trasladó recursos. Con ese dinero, ellos pagaron millones de pesos a un exfuncionario de finanzas por un “pago de préstamo”.
