La Fiscalía de Perú cerró la investigación por más de 4 mil mujeres, sobre todo indígenas, que fueron esterilizadas.
La Fiscalía de Perú archivó la investigación por las esterilizaciones forzadas de más de 4 mil mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori. Lo hizo aplicando la ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular, el partido de su hija, Keiko Fujimori, hoy presidenta del país. Es decir, la ley que cerró el caso viene del partido de la familia del principal señalado. Entre los 52 investigados había tres exministros de Salud de Fujimori, uno de ellos, Alejandro Aguinaga, hoy senador de Fuerza Popular.
Lo más incómodo es que el propio fiscal reconoció que estos hechos reúnen los elementos de un crimen de lesa humanidad, cometido como parte de una política de Estado. Aun así, tuvo que archivar el caso por la ley. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se esterilizó, muchas veces con coacción, amenazas y engaños, a más de 314 mil mujeres y 24 mil hombres, principalmente indígenas de zonas muy pobres. Margarita Rojas, una de las víctimas, cuenta que en 1996, con 18 años, las enfermeras le dijeron que Fujimori no quería que tuvieran más hijos, y que su marido la abandonó porque ya no pudo darle el hijo varón que quería.
Keiko Fujimori no ha dicho nada sobre el archivo, y la Presidencia no respondió. Pero su postura ya se conoce: en marzo dijo que “el mal llamado plan de esterilizaciones” fue en realidad un programa de salud reproductiva que dio a miles de mujeres la posibilidad de decidir cuántos hijos tener. Es una forma muy cómoda de borrar a las víctimas: lo que ellas describen como engaños y presiones, la presidenta lo presenta como un servicio de salud.
Las víctimas y organizaciones como Amnistía Internacional no se rinden: su abogado apeló ante la Fiscalía Superior y anuncian que acudirán de nuevo a la Corte IDH. Pero el panorama es complicado, pues el fujimorismo ha chocado antes con esa corte. Mientras tanto, Margarita lo resume así: “Fujimori nos hizo daño y ahora que su hija es presidenta nos quieren hacer daño también”. Quedan abiertas las vías civiles y la apelación.





