La justicia electoral de Brasil dio 24 horas a Meta para demostrar que garantiza condiciones equitativas a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La advertencia llega tras denuncias de presunto trato desigual en Instagram y WhatsApp, y contempla multas de un millón de reales diarios si la empresa incumple las órdenes judiciales.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil endureció las medidas contra Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, al darle un plazo de 24 horas para acreditar que aplica las mismas reglas a las campañas presidenciales de Lula y Flávio Bolsonaro. La corte consideró insuficientes las medidas previas y advirtió que, de persistir el incumplimiento, la compañía estadounidense enfrentará una multa diaria de un millón de reales, equivalentes a unos 200 mil dólares.

El conflicto se intensificó después de que Lula denunciara una presunta interferencia electoral y acusara a Meta de restringir contenidos de su campaña en Instagram y WhatsApp. Su partido también señaló una posible selectividad algorítmica en la inteligencia artificial de WhatsApp, que supuestamente se negaría a generar contenido electoral favorable al mandatario, mientras sí permitiría producir material relacionado con Flávio Bolsonaro. Estas acusaciones fueron llevadas ante la justicia electoral y la Organización de Estados Americanos.

Entre las disposiciones judiciales figura la prohibición de reducir de manera desigual el alcance de las publicaciones de cualquiera de las candidaturas, así como de favorecer a un aspirante mediante recomendaciones, resultados de búsqueda o herramientas de inteligencia artificial. Meta negó tomar partido y atribuyó algunos problemas, incluida la desactivación de anuncios de Lula, a incidentes técnicos que, según la empresa, no afectaron exclusivamente a Brasil. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la compañía no había demostrado cumplir la mayoría de las órdenes anteriores.

La disputa adquiere especial relevancia porque Lula y Flávio Bolsonaro llegan a la segunda vuelta en un escenario de empate técnico, según los sondeos citados en la información. A pocos días de la votación, la falta de garantías verificables sobre el funcionamiento de las plataformas representa un riesgo para la equidad de la contienda. El caso vuelve a poner sobre la mesa el poder de las grandes tecnológicas para influir en la circulación de información política y la necesidad de que sus algoritmos operen con reglas transparentes, especialmente durante procesos electorales.