Empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas enfrentan señalamientos por simular competencia, manipular precios y concentrar contratos públicos por 2 mil 461 millones de pesos.

Durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), se acumularon al menos 69 notificaciones relacionadas con una investigación por posibles prácticas monopólicas en la contratación de material y documentación electoral, de acuerdo con registros de la autoridad antimonopolio.

La indagatoria comenzó el 7 de julio de 2022, cuando Córdova presidía el organismo, bajo el expediente IO-003-2021. Los avisos, emitidos por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la actual Comisión Nacional Antimonopolio, abarcan ambas administraciones. El más reciente está fechado el 22 de octubre de 2026.

Las notificaciones están dirigidas a representantes de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, firmas vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes han mantenido contratos con el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). El nombre de Raymundo Francisco aparece en al menos seis oficios.

La investigación busca determinar si estas compañías incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de adquisiciones electorales. En el último oficio, la autoridad solicitó a las empresas manifestarse sobre diligencias probatorias adicionales, aunque no precisó en qué etapa se encuentra el procedimiento.

El viernes pasado, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que la red empresarial habría simulado competencia en licitaciones y controlado los precios del material electoral. Entre las irregularidades detectadas mencionó cambios en objetos sociales antes de concursos, deficiencias en estudios de mercado y presunta colusión para elevar artificialmente los costos.

De acuerdo con el funcionario, los contratos otorgados a estas empresas junto con los Oples alcanzaron 2 mil 461 millones de pesos, lo que coloca bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a los procesos electorales.