Luis Rogelio Piñeda Taddei dejó la Secretaría Particular de Alfonso Durazo tras 15 meses en el cargo; su salida ocurre mientras autoridades investigan presuntas irregularidades relacionadas con proveedores del órgano electoral.
Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, renunció como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de permanecer 15 meses en el puesto. La salida fue confirmada la noche del miércoles por Paloma Teherán, vocera del gobierno estatal.
El movimiento ocurre en medio de las investigaciones contra una presunta red de corrupción en el INE, relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales cuya empresa habría recibido contratos del organismo. Las indagatorias también alcanzan a personas vinculadas con la administración de Guadalupe Taddei.
Antes de asumir la Secretaría Particular en agosto de 2025, Piñeda Taddei encabezó la Consejería Jurídica del gobierno sonorense. También ocupó cargos en la Secretaría de Gobierno y dirigió el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso estatal.
La salida de Piñeda Taddei se suma a reportes de medios locales sobre la presunta renuncia de su pareja, Delia Sugey Cruz Montaño, quien se desempeñaba como administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora.
A finales de octubre, Durazo había defendido la permanencia de su colaborador y rechazado que fuera señalado por los asuntos relacionados con su madre. El mandatario aseguró que su nombramiento respondió a sus propios méritos, particularmente por su participación en la recuperación judicial de un terreno de 350 hectáreas a favor del gobierno estatal.
Por otra parte, circularon versiones sobre un supuesto congelamiento de cuentas bancarias de Piñeda Taddei por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque la institución no ha confirmado esa información. El pasado 4 de noviembre, la dependencia informó sobre el bloqueo de activos de 25 personas y 15 empresas presuntamente relacionadas con la red investigada en el INE y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
