El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, vinculó al expresidente con el financiamiento de los bloqueos que paralizaron carreteras durante 53 días y dejaron 16 personas fallecidas.
El Gobierno de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales de encabezar una presunta estructura de narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, región considerada su principal bastión político y sindical. Las autoridades sostienen que los recursos de esa zona habrían financiado las protestas contra el presidente Rodrigo Paz durante mayo y junio de 2026.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó en una entrevista con la radio Erbol que Morales controla la producción de droga que sale de esa región, una de las principales zonas productoras de hoja de coca del país. También aseguró que durante operativos policiales se detectó la salida de más de ocho millones de bolivianos del Trópico mientras se desarrollaban los bloqueos.
Oviedo atribuyó al exmandatario la organización y financiamiento de las movilizaciones, que se prolongaron durante 53 días y exigían la renuncia de Paz por la crisis económica. Además, señaló a sectores campesinos y a la federación Tupac Katari de La Paz por presuntamente aportar recursos a las protestas.
El conflicto involucró a campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana y grupos afines a Morales. Los cortes carreteros dejaron 16 personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica debido a las dificultades para trasladarse durante las movilizaciones.
A estas acusaciones se suma una investigación de la Fiscalía contra Morales por alzamiento armado y terrorismo, relacionada con las protestas, por la que existe una orden de captura. El exmandatario también enfrenta otra orden de detención por una investigación de trata agravada de personas, en la que se le acusa de presuntos hechos relacionados con una menor de edad durante su Presidencia.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, mientras sus seguidores mantienen una vigilancia en la zona para impedir su detención. Hasta ahora, las acusaciones sobre narcotráfico difundidas por el Gobierno corresponden a señalamientos de las autoridades y no a una sentencia judicial.
