El gobierno de España anunció la suspensión de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler, como respuesta a las protestas por la crisis de vivienda. Las medidas, impulsadas por la coalición que encabeza el socialista Pedro Sánchez, deberán ser aprobadas por el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.
El gobierno también plantea prohibir la compra de viviendas por parte de fondos de inversión, además de regular los alquileres de temporada y por habitaciones. Estas medidas buscan atender las demandas de organizaciones de inquilinos, que señalan a los fondos de inversión y a las plataformas de alquiler turístico como factores que reducen la oferta y presionan al alza los precios de las viviendas.
Las protestas aumentaron tras el desalojo de una mujer de 87 años que vivía desde hacía siete décadas en su vivienda, adquirida por una empresa inversora. Desde el sábado, cientos de manifestantes mantienen una protesta en la Puerta del Sol de Madrid para exigir mayor protección para los inquilinos, incluidos contratos de alquiler de mayor duración.
