Las movilizaciones se extendieron a más de 30 ciudades, en medio de un encarecimiento inmobiliario que supera el crecimiento de los ingresos y dificulta el acceso a una vivienda digna.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Portugal para protestar contra el encarecimiento de la vivienda y el aumento del costo de vida. Las movilizaciones, realizadas en más de 30 ciudades y localidades, representan la mayor jornada de manifestaciones hasta ahora contra una crisis que ha vuelto inaccesible la compra y el alquiler de inmuebles para amplios sectores de la población.

En Lisboa y Oporto, las principales ciudades del país, las marchas reunieron a jóvenes, trabajadores y adultos mayores bajo la consigna: “No dejaremos que nos roben nuestro derecho a la vivienda”. Los participantes exigieron límites a los incrementos de las rentas, mayor protección legal para los inquilinos frente a los desalojos y la construcción de más viviendas asequibles. Las protestas se suman a semanas de inconformidad e incluso a episodios de represión policial contra algunos manifestantes.

La dimensión del problema queda reflejada en las cifras de Eurostat: entre 2015 y 2025, Portugal registró el mayor incremento de la Unión Europea en la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos, con un aumento de 61%, muy por encima de Países Bajos, que reportó 34%. Además, los precios de los inmuebles subieron casi 20% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

El encarecimiento también alcanza a los arrendamientos, cuyos precios acumularon un incremento de 68% desde 2020, de acuerdo con datos gubernamentales. Entre los factores señalados están la compra de propiedades por extranjeros y fondos de inversión, el auge de los trabajadores remotos, la llegada de jubilados y el crecimiento del turismo, que ha impulsado los alquileres de corta duración en zonas céntricas.

Ante la presión social, el gobierno ha anunciado incentivos fiscales para nuevas construcciones, restricciones a los alquileres turísticos y un programa para edificar 145 mil viviendas. Sin embargo, las autoridades reconocen que estas medidas no tendrán resultados inmediatos.

Por su parte, el presidente António José Seguro convocó al Consejo de Estado para analizar la crisis y sostuvo reuniones con representantes de las movilizaciones. Mientras tanto, las protestas reflejan el creciente descontento de una población que exige soluciones ante un mercado inmobiliario donde tener casa propia se ha convertido en un privilegio cada vez más difícil de alcanzar.