El exgobernador de Baja California asegura que depende de familiares y amigos para cubrir sus gastos básicos, luego de que sus recursos bancarios fueran inmovilizados tras su detención por el caso de huachicol fiscal.

“Estoy sobreviviendo”, reconoció Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, al denunciar que no recibe ingresos porque sus cuentas bancarias y pensiones permanecen congeladas, situación que, asegura, le ha impedido incluso disponer del dinero que recibía mediante la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

En entrevista radiofónica, el expanista afirmó que actualmente depende del apoyo económico y material de familiares y amigos para cubrir necesidades básicas como alimentación, electricidad y agua. Según relató, sus allegados llevan comida a su domicilio y reúnen dinero para pagar los servicios.

Ante esta situación, sus abogados promovieron un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Baja California, con el propósito de revertir la inmovilización, retención, bloqueo y congelamiento de su cuenta del Banco del Bienestar, donde recibía el apoyo económico correspondiente a las personas adultas mayores.

En el recurso legal se señala como autoridades responsables a funcionarios de la Secretaría de Bienestar, distintas áreas federales encargadas de los programas sociales, la delegación estatal en Baja California y representantes del Banco del Bienestar. La defensa busca que se restablezca el acceso a los recursos.

La situación de Ruffo se presenta después de que, a finales de septiembre de 2026, obtuviera prisión domiciliaria y abandonara el penal del Altiplano, donde permaneció más de dos meses tras su detención por su presunta participación en el caso de huachicol fiscal.

El exmandatario fue detenido el 16 de julio por una investigación relacionada con la empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al almacenamiento y traslado de 15 millones de litros de combustible de presunta procedencia ilegal, localizados en 129 ferrotanques en Coahuila. Ruffo ha negado ser accionista mayoritario de la compañía y sostiene que las investigaciones en su contra tienen motivaciones políticas. Su responsabilidad deberá determinarse en los tribunales.