El hijo del expresidente López Obrador rechazó tener negocios con Amílcar Olán y aseguró que los señalamientos buscan fabricar culpables para golpear al movimiento de transformación.
Andrés Manuel López Beltrán rechazó estar relacionado con presuntos actos de corrupción del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y negó cualquier vínculo con una red de huachicol fiscal. En un video difundido este martes, calificó las acusaciones como una “guerra sucia” dirigida contra él, su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el movimiento de la Cuarta Transformación.
El exsecretario de Organización de Morena atribuyó los ataques a empresarios, dueños de medios de comunicación, periodistas y, según su versión, agencias estadunidenses e intereses geopolíticos. Sostuvo que buscan recuperar los privilegios que, afirmó, perdieron con la llegada de la 4T al gobierno.
“Nosotros no somos corruptos como ellos”, expresó. También negó poseer riquezas, propiedades opulentas o dinero en el extranjero, así como mantener relaciones de complicidad, utilizar prestanombres o traficar influencias para obtener beneficios. Aseguró que quienes lo acusan no han presentado pruebas que acrediten sus señalamientos.
López Beltrán afirmó que no mantiene negocios ni relación empresarial con Olán Aparicio y negó haber recomendado o intercedido por alguna persona o compañía para conseguir contratos o recursos públicos. Explicó que conoció al empresario mediante amistades en común y recordó que la esposa de Olán fue compañera de primaria suya.
Sobre las versiones que lo vinculan con el contrabando de combustibles, negó categóricamente cualquier participación y denunció una estrategia basada, dijo, en mentiras, difamaciones y testimonios condicionados. También rechazó haber contactado a exfuncionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en asuntos relacionados con ese delito.
El morenista cuestionó una entrevista transmitida por TV Azteca a un presunto involucrado en la red, detenido en Argentina. Según López Beltrán, esa persona habría aceptado no tener pruebas y recibido ofrecimientos de protección e inmunidad para colaborar con autoridades extranjeras. Estas afirmaciones forman parte de su posicionamiento y no constituyen por sí mismas una resolución judicial.