Los amotinamientos en dos cárceles de Ecuador dejaron ocho reclusos muertos y al menos 10 heridos, en medio de una crisis penitenciaria marcada por el hacinamiento, las masacres y el control de bandas criminales. La política de mano dura del presidente Daniel Noboa no ha logrado frenar la violencia dentro de las prisiones.

El sistema penitenciario ecuatoriano volvió a exhibir su incapacidad para garantizar la seguridad y el control de las cárceles. El jueves 22 de octubre, cuatro reclusos murieron en la penitenciaría de Cotopaxi y otros cuatro en la cárcel de Pichincha, en Quito, durante amotinamientos reportados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Además, al menos 10 personas resultaron heridas, mientras familiares de los internos exigían información en las inmediaciones de uno de los centros.

La violencia carcelaria no es un episodio aislado: desde 2021, más de 500 presos han muerto en masacres dentro de las prisiones ecuatorianas. Las disputas entre bandas del narcotráfico por el control de los centros penitenciarios han convertido estos espacios en escenarios de asesinatos y extorsiones, incluso con actividades criminales coordinadas desde el interior. La persistencia de estos hechos pone en entredicho la capacidad del Estado para recuperar el control de instalaciones que deberían estar bajo su autoridad.

A esta crisis se suma el hacinamiento. Según cifras oficiales, las cárceles ecuatorianas albergan alrededor de 38 mil 200 personas, casi 7 mil por encima de su capacidad. Aunque las autoridades aseguran mantener activos los protocolos de seguridad e identificaron a presuntos responsables de los recientes motines, el anuncio de trasladarlos a la prisión de máxima seguridad El Encuentro vuelve a colocar el énfasis en el castigo, sin que los datos disponibles demuestren que esa estrategia haya resuelto la violencia estructural del sistema.

El gobierno de Daniel Noboa también impulsa la clasificación de internos según su peligrosidad, prepara a 52 militares y policías retirados como guías penitenciarios y proyecta construir otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 15 mil reclusos. Sin embargo, ampliar prisiones y endurecer las medidas no bastará mientras persistan el hacinamiento y el poder de las organizaciones criminales. Las ocho muertes más recientes reflejan una crisis que las promesas de mano dura todavía no consiguen contener.