Ecuador inició la redistribución de 9 mil 214 presos de seis cárceles, en un intento por contener el poder de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. La medida exhibe la magnitud de una crisis penitenciaria que el endurecimiento de la seguridad no ha logrado resolver y que exige reformas de fondo, no solamente llenar las prisiones de manera autoritaria y arbitraria.
El Gobierno de Ecuador puso en marcha la primera fase de un plan para redistribuir a 9 mil 214 personas privadas de la libertad, clasificándolas en cuatro niveles de seguridad: mínima, media, máxima y máxima especial. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el objetivo es debilitar las estructuras criminales, romper sus cadenas de mando y recuperar el control de los centros penitenciarios.
Las intervenciones comenzaron el viernes en seis cárceles de las provincias de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo, con la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tener que reorganizar a miles de internos para intentar contener a las bandas evidencia la gravedad del problema: las prisiones se han convertido en espacios donde las organizaciones criminales mantienen redes de poder y desde los que pueden coordinar actividades ilícitas. El Estado intenta recuperar el control de instituciones que deberían estar bajo su autoridad.
La crisis no surgió de la nada. Desde 2021, alrededor de 600 reclusos han sido asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas, muchos de ellos durante masacres relacionadas con enfrentamientos entre bandas rivales. La violencia revela el fracaso de un sistema incapaz de garantizar siquiera la integridad física de quienes permanecen bajo custodia estatal. Frente a semejante panorama, la clasificación de presos puede ayudar a contener riesgos, pero no resuelve por sí sola las condiciones que permitieron el crecimiento del crimen organizado en las prisiones.
El problema de fondo es que la política de seguridad no puede reducirse a militarizar cárceles, mover internos y endurecer los controles mientras se descuida la reforma estructural del sistema penitenciario.
Organizaciones especializadas han advertido que se necesitan cambios profundos para impedir que las prisiones sigan funcionando como centros de operación criminal y para garantizar procesos reales de rehabilitación y reinserción. Si el Gobierno necesita redistribuir a miles de presos para recuperar el control, ¿por qué se permitió que la situación llegara a este punto y qué garantías existen de que el problema no volverá a repetirse?
