El presidente colombiano Abelardo de la Espriella prometió perseguir hasta encontrar a todos los responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero recurrió a un lenguaje de “cacería” que resulta cuestionable para un jefe de Estado, quien debería defender la investigación y la justicia con seriedad, institucionalidad y profesionalismo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que “cazará” uno a uno a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace más de un año. Durante un acto en el Centro de Liderazgo Valiente, dedicado al político asesinado, calificó el crimen como un “crimen de Estado” y aseguró que no quedará impune.

La determinación de esclarecer el asesinato y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables es una obligación elemental de cualquier gobierno. El problema es que un presidente no debería convertir esa responsabilidad institucional en una amenaza expresada con términos propios de una persecución personal. Hablar de “cazar” enemigos transmite una imagen de revancha y confrontación que poco tiene que ver con la seriedad que debería acompañar una investigación de esta magnitud.

De la Espriella también insinuó la posible responsabilidad de sectores de la izquierda y afirmó que las críticas que el expresidente Gustavo Petro dirigió contra Uribe Turbay constituyeron “la orden”. Sin embargo, una acusación de semejante gravedad requiere pruebas, investigación y decisiones judiciales, no declaraciones presidenciales que parezcan anticipar culpables. Determinar quién ordenó un asesinato corresponde a las autoridades competentes mediante un proceso sustentado en evidencias.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay merece una investigación exhaustiva y que todos los responsables respondan ante la justicia, pero la lucha contra la violencia política no puede hacerse desde el lenguaje de la venganza. Un presidente debería ser precisamente quien marque la diferencia entre la persecución de un criminal y el funcionamiento de un Estado de derecho: menos retórica de “cacería”, más instituciones, pruebas y justicia.