Miles de colombianos salieron a las calles para rechazar la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella, que aumenta las cargas fiscales para trabajadores y sectores medios mientras reduce impuestos a las empresas. Las movilizaciones en varias ciudades exhiben el descontento que enfrenta su gobierno y ponen bajo presión una gestión cuestionada por sus decisiones económicas y sus advertencias contra la protesta social.

Miles de estudiantes, trabajadores, sindicatos y organizaciones opositoras se movilizaron en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades colombianas para rechazar la reforma tributaria impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella. Las marchas, realizadas en su mayoría de manera pacífica, expresaron el malestar por el aumento del costo de vida y una propuesta que pretende ampliar el número de personas obligadas a pagar impuesto sobre la renta y elevar los aportes a salud de la clase media.

El reclamo central apunta a una política fiscal que pretende cargar una mayor parte del ajuste sobre trabajadores y ciudadanos, mientras reduce obligaciones tributarias para las empresas. El gobierno justifica la iniciativa por la necesidad de recaudar recursos ante un déficit fiscal proyectado en 9.4 por ciento del PIB para 2027, pero la respuesta de sindicatos y sectores sociales cuestiona quién terminará pagando el costo de ese desequilibrio.

Lejos de ofrecer señales de apertura frente al descontento, De la Espriella advirtió que responderá con contundencia ante bloqueos y lo que calificó como “terrorismo urbano”. La advertencia cobra especial relevancia porque en octubre su gobierno flexibilizó mediante decreto el uso de la fuerza estatal durante las protestas, una decisión que ya había provocado críticas de organizaciones de derechos humanos. Durante algunas movilizaciones se registraron enfrentamientos y la policía utilizó gases lacrimógenos y agua desde tanquetas.

Las protestas representan un desafío político para un mandatario que lleva apenas unos meses en el poder y que ya enfrenta movilizaciones nacionales contra sus decisiones económicas. Aunque las marchas no permiten afirmar que toda la población rechaza su gobierno, la presencia de estudiantes, trabajadores y organizaciones sindicales en distintas ciudades evidencia que sus políticas están generando una oposición social significativa. De la Espriella tendrá que responder por el impacto de sus medidas, en lugar de tratar el descontento ciudadano como un problema de orden público.