El gobierno de Abelardo de la Espriella decretó, nueve días después del terremoto que devastó parte de Colombia, la emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos. La tardanza abre cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta y coordinación del nuevo gobierno frente a una tragedia que ya deja 314 muertos y más de 262 mil damnificados.

El presidente Abelardo de la Espriella decretó finalmente la emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, una medida que llega nueve días después de la tragedia. El decreto contempla inicialmente un periodo de un mes y abarca 15 departamentos afectados, donde el desastre ha dejado al menos 314 personas fallecidas, 4 mil 437 heridas y 262 desaparecidas.

La decisión, sin embargo, plantea una pregunta inevitable: ¿por qué esperar tantos días para activar formalmente uno de los principales mecanismos del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud? De la Espriella había anunciado la declaratoria desde la semana pasada, pero posteriormente dio marcha atrás y aseguró que su gobierno preparaba el decreto. Mientras tanto, la dimensión de la tragedia continuó creciendo hasta superar las 262 mil personas damnificadas.

El retraso resulta especialmente cuestionable ante la magnitud de los daños: 30 mil 664 viviendas destruidas, casi 137 mil averiadas, 302 edificios colapsados y más de 5 mil 800 inmuebles con daños estructurales. Ahora, el gobierno podrá realizar operaciones presupuestales y de crédito, además de expedir decretos para canalizar recursos y aplicar medidas extraordinarias, pero la pregunta política permanece: si estas herramientas eran necesarias para atender la crisis, ¿por qué la administración de De la Espriella tardó nueve días en formalizar su activación?

El mandatario anunció además un llamado “fondo milagro” para financiar la reconstrucción y medidas de apoyo como subsidios de arrendamiento, pago de servicios públicos, alivios tributarios y financieros y respaldo para pequeños comerciantes. Sin embargo, más allá de los anuncios, la tardanza coloca a De la Espriella ante su primera gran prueba de gestión, pues una emergencia de esta dimensión exige rapidez, coordinación y capacidad de reacción. El gobierno tendrá ahora que demostrar que la declaratoria no llega simplemente como una respuesta tardía a una crisis que ya llevaba más de una semana golpeando a cientos de miles de colombianos.